Jesús Pozuelo Clemente / Miembro de la junta directa de ASAJA Ciudad Real
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Más de medio centenar de agricultores y ganaderos de Daimiel y Villarrubia de los Ojos, entre los molinos de Zuacorta y Molemocho, están siendo acosados en una actuación sin precedentes por parte de la Administración Hidráulica con la finalidad de ocupar unos terrenos a sus legítimos propietarios, como así lo demuestran con escrituras inscritas en el Registro de la Propiedad desde tiempos inmemoriales, concretamente desde 1763 en que el Humedal fue vendido por Carlos III según los historiadores y que a estas alturas la Administración dice que corresponden al Dominio Público Hidráulico.
Según se desprende de la comunicación que hace llegar la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) a los afectados, esta actuación está motivada porque han observado (en presente) que los propietarios de estas explotaciones están ejerciendo presiones sobre el Dominio Público Hidráulico (DPH). Entendemos que si esto es así, ya lo podían haber evitado hace más de cien años, antes de que estas tierras pasasen a ser propiedad privada, mas bien entendemos que es la CHG quien está recibiendo algún tipo de presión que intenta descargar sobre estos propietarios.
En la mayoría de estas parcelas existen aprovechamientos debidamente inscritos y autorizados por la CHG, catastradas de regadío, pagando desde siempre los tributos correspondientes, percibiendo ayudas de la PAC, edificaciones e instalaciones legales. Como ejemplo sangrante valga uno llamativo, la de un ganadero que siendo propietario de una parcela (con escritura en la mano), solicita la construcción de unas naves ganaderas, obtiene la licencia correspondiente para su construcción y después de aportar la necesaria documentación, recibe ayudas oficiales y no habiendo terminado de pagar la deuda que contrajo para la ejecución de estas obras, ahora le dice la Administración que no le pertenecen, y estos hechos están ocasionando en algunas de las personas afectadas hasta problemas de salud, principalmente psicológicos ante la pasividad de los responsables.
Está dando lugar para nuestra defensa a llevar a cabo un gasto importante en informes de todo tipo, para demostrar a la Administración la mala fe y las malas artes que está utilizando para conseguir su propósito.
Si de verdad es de interés público adquirir estas tierras, cuestión que no estamos en desacuerdo, y convertirlas en D.P.H., hay formas cívicas de cómo llevarlo a cabo, ya que existen precedentes: En el año 1983, cuando el Organismo Autónomo de Parques Nacionales vio la conveniencia de ampliar el Parque Nacional las Tablas de Daimiel hacia la zona oeste hasta el Molino de Puente Navarro, en el paraje denominado “Las Cañas”, esto se consiguió de forma pacífica y de mutuo acuerdo con los propietarios de aquellas tierras.
Para finalizar queremos dejar un mensaje claro, primero a la sociedad, que no nos hemos apropiado de algo que no sea nuestro, como así lo demostramos con toda la documentación aportada; y segundo, a la CHG, que no nos vamos a dejar aplastar por sus argumentos, habiendo inventado un Dominio Público Hidráulico, en unas tierras que hoy no le pertenecen, creando un problema donde no existe, intentando arruinar la vida de un grupo de familias que vienen trabajando estas tierras de forma totalmente legal creando puestos de trabajo y riqueza.