La organización agraria COAG JARC considera «injustificado» el nuevo impuesto propuesto por el Gobierno para la transformación o modificación de los purines de la ganadería, incluido en la ley de acompañamiento del Presupuesto presentado el martes en el Parlamento.
En primer lugar, crítica que «la medida se presenta sin ningún tipo de discusión con los representantes de los productores, utilizando, como suele ser muy común, la puerta detrás de la ley de acompañamiento de los presupuestos».
JARC-COAG lamenta que, de nuevo, «todo el peso caiga en el mismo hombro»
El responsable del sector porcino JARC-COAG, Jaume Bernis, explica que «el Gobierno ha querido justificar la creación de la tasa alegando una mayor carga administrativa, cuando en realidad hace mucho tiempo que los ganaderos están presentando los planes de gestión de los purines». Además, la organización recuerda que este año, para facilitar la gestión de este asunto, ha introducido una herramienta en línea que debe reducir los procedimientos administrativos.
Bernis insiste en que la tasa de añadir una nueva carga para el productor, esté o no integrado, «siempre termina penalizado al único agente de la cadena que está en el campo con la gestión de las aguas residuales. Por lo tanto, las inversiones necesarias tras el cierre de las plantas de tratamiento, el costo de la preparación de planes de manejo y ahora la tasa para su procesamiento, todo siempre cae en el ganadero, es decir que lo tiene más difícil al pasar en los gastos extras en el precio de venta de su producto».
La medida contempla que los agricultores tienen que pagar una cuota de entre 15 y 200 € para procesar o modificar el plan según el tamaño de la operación. El impuesto más grande cae, por lo tanto, sobre el funcionamiento de cerdos y aves de corral. Así, una granja de cerdos de más de 2.000 animales de engorde con animales de más de 30 libras tendría que pagar una cuota de 200 euros».
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