El Boletín Oficial de Castilla y León publica este lunes 8 el Plan de Conservación y Gestión del Lobo, que permitirá cazar legalmente hasta 143 ejemplares anuales de lobos y que estará vigente para las temporadas cinegéticas 2016/2017, 2017/2018 y 2018/2019.
El texto de la Dirección General del Medio Natural de la Junta de Castilla y León defiende que la consideración del lobo como especie cinegética es «la mejor herramienta para su adecuada regulación poblacional».
defiende la «comarcalización del territorio» a la hora de fijar los cupos de captura en función del número de manadas
Teniendo en cuenta que las áreas de campeo de las manadas «superan con carácter general el ámbito de un terreno cinegético concreto», defiende la «comarcalización del territorio» a la hora de fijar los cupos de captura en función del número de manadas, además de otros factores.
El Boletín distribuye el número de ejemplares abatibles en las provincias al norte del río Duero: León (53), Zamora (40), Burgos (15), Valladolid (5) y Soria (0).
Esta normativa no ha sido bien recibida por las organizaciones conservacionistas y, de hecho, Luis Miguel Domínguez, director de la asociación Lobo Marley, la califica de «indecente y delictiva» porque «bajo la excusa de controlar la población se esconde la intención de diezmar la especie».
Domínguez asegura que «más del 50% de la población de lobos que serán muertos en Castilla y León vienen de Portugal», donde no sólo es una especie protegida sino que el gobierno luso recibe «ayudas importantes de Bruselas» para su conservación.
Teniendo en cuenta que «este animal puede recorrer más de 100 kilómetros en una noche, es fácil que varios ejemplares pasen la frontera» y, si son abatidos en España, «se estaría actuando en contra de la ley, de su conservación y de lo que quiere Bruselas».
El fundador de Lobo Marley afirma que esta especie «no es un problema para la ganadería, ya que en Zamora, donde más ovejas y más lobos hay en España, es donde menos ataques se dan: un 0,7 % de la cabaña ganadera, no llegan ni al uno por ciento».
critican el censo autonómico porque «no es objetivo ni verificable externamente y tampoco está sujeto a estándares científicos e internacionales»
Aunque no existe un censo nacional actualizado y consensuado acerca del número real de lobos y de manadas, pese a la reiterada demanda de las organizaciones ecologistas, el gobierno castellanoleonés elaboró uno «de forma unilateral que dice que son más de 2.000», pero Domínguez cree que en realidad sobreviven unos 1.500 ejemplares.
Este censo autonómico «no es objetivo ni verificable externamente y tampoco está sujeto a estándares científicos e internacionales», añade a Efe el licenciado en Ciencias Ambientales y especialista en Gestión Medioambiental Jorge Echegaray, quien ha colaborado con organizaciones como Ecologistas en Acción.
En su opinión, la Junta de Castilla y León «no está teniendo en cuenta el papel ecológico del lobo. Los grandes carnívoros no deben ser objeto de caza, porque su existencia afecta a la salud ambiental y por tanto a los bienes públicos».
Echegaray recuerda que la normativa oficial que contempla el control de ejemplares al norte del Duero ha sido «ampliamente judicializada y ganada por organizaciones ecologistas, razón que puede estar detrás del hecho de que la disposición sea ahora por tres años en lugar de anual como sucedía antes».
Además, a los 143 ejemplares permitidos para la caza, hay que sumar «los que maten los agentes forestales o los celadores por daños a la ganadería, una cifra que está en torno al medio centenar más», así como los abatidos ilegalmente, ya que «se calcula que por cada lobo que se mata legalmente, caen 6 sin permiso».
Según este experto, entre 2008 y 2014 han sido abatidos un total de 944 ejemplares, de los cuales 333 por cazadores legales en las primeras seis temporadas.
«En los últimos 26 años sólo se han detectado tres nuevas manadas», por lo que insta a buscar medidas de recuperación de la especie que excluyan la caza.