EFE.- Un total de siete países de la Unión Europea (UE), entre ellos España, firmaron en Naciones Unidas el Protocolo de Nagoya sobre Biodiversidad, que crea por primera vez un marco legal para garantizar el uso y distribución equitativa de la explotación de los recursos genéticos.
Además de España, también estamparon su firma los representantes de Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Holanda y la República Checa, al igual que la Comisión Europea y la presidencia de turno de la UE, que ostenta Hungría.
El tratado, acordado en la ciudad japonesa de Nagoya en 2010, ofrece por primera vez un marco regulador global con relación al aprovechamiento de los recursos genéticos por parte de industrias como la medicina, la cosmética o la biotecnología, entre otras.
El Protocolo generó así el compromiso de los países para establecer una cuota de protección del 17% de las superficies terrestres y del 10% para las marinas en 2020, y regular el uso y distribución equitativa de los beneficios derivados de los recursos genéticos.
Ese pacto permitirá que en países de alta biodiversidad, las nuevas regulaciones garanticen que los beneficios que generan esos recursos y los conocimientos ancestrales de que a menudo se sirven los investigadores para descubrirlos redunden en beneficios de las comunidades en donde se encuentran.
También permitirá combatir con mayor eficacia la biopiratería y la explotación de los pueblos indígenas, que generalmente no se benefician de los descubrimientos que se hacen en sus territorios.
Para que el protocolo se convierta en ley internacional y entre en vigor, es necesario que haya cincuenta naciones que lo firmen y comiencen sus respectivos procedimientos de ratificación en los parlamentos nacionales.
Hasta este jueves eran 24 los países que habían ratificado el texto, entre los que destaca una nutrida representación de Latinoamérica formada por Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Perú y Panamá.
El resto de Estados que se han adherido al convenio son Argelia, Gabón, Ghana, India, Indonesia, Japón, Mali, Mauritania, Noruega, la República Centroafricana, Ruanda, Seychelles, Sudáfrica, Sudán, Suiza, Túnez y Yemen.
El Protocolo generó así el compromiso de los países para establecer una cuota de protección del 17% de las superficies terrestres y del 10% para las marinas en 2020. EFE