La Alianza UPA-COAG ha reclamado a la Junta de Castilla y León que cumpla con su compromiso de pagar en el plazo de quince días los daños ocasionados por los lobos al sur del Duero en las explotaciones que sufren bajas en su cabaña como consecuencia de los ataques de los cánidos.
La organización agraria ha pedido a la Administración autonómica que «actúe tal y como prometió semanas atrás», cuando el BOCyL del 30 de mayo publicó una orden que hacía referencia a los pagos compensatorios derivados de los daños producidos por el lobo en las explotaciones ganaderas.
Según ha recordado La Alianza, ese mismo día la Consejería de Fomento y Medio Ambiente informaba de que «en el plazo de 15 días desde la comunicación del ataque, el ganadero percibirá el importe estipulado», sin que hasta el momento esa circunstancia se esté produciendo.
La alianza recuerda quela Junta dijo que «lo primero» que se haría sería «pagar los daños de ataques, aunque todavía no se haya cerrado el procedimiento»
Tras recordar los plazos y mecanismos establecidos para poder cobrar por los daños sufridos, UPA-COAG ha reclamado que «se cumpla el compromiso» del Gobierno regional, relativo a la puesta en marcha de «un método ágil del pago de las indemnizaciones por ataques de lobos».
En este contexto, La Alianza recuerda que la propia Consejería señaló el mismo día que se publicó la Orden que «lo primero» que se haría sería «pagar los daños de ataques, aunque todavía no se haya cerrado el procedimiento».
Esta organización agraria ha señalado que «al menos en esta provincia, los ataques de lobos que se están produciendo desde el 1 de junio no se pagan con esa celeridad prometida por la Consejería de Medio Ambiente».
«La incertidumbre e inquietud de los ganaderos abulenses es muy grande puesto que al requerir información oficial a los agentes de la Junta no perciben ni información ni previsión alguna de lo que va a ocurrir con su expediente», ha argumentado La Alianza.
Por ello, ha hecho un llamamiento «a la responsabilidad» del Gobierno autonómico para que «las promesas repetidas una y otra vez, sean una realidad y se pague, sin demora de ningún tipo, el importe estipulado para los ganaderos que se vean afectados».