EFE.- La Junta de Andalucía y el sector oleícola han abogado hoy por alcanzar un "compromiso colectivo" y establecer una hoja de ruta con las medidas necesarias para luchar contra la crisis del olivar, marcado por la atomización, los bajos precios en origen y la falta de rentabilidad.
Así lo han expresado responsables de la Consejería andaluza de Agricultura y Pesca, las cooperativas y las organizaciones agrarias, sindicatos, industriales, empresarios y denominaciones de origen, entre otros, quienes han debatido posibles salidas a la crisis en el foro "El futuro del sector del aceite de oliva", organizado por Efeagro en la Hacienda de Quinto (Dos Hermanas).
La consejera andaluza de Agricultura y Pesca, Clara Aguilera, ha defendido la puesta en marcha de mecanismos de regulación de mercados, además de la promoción, la apuesta por la calidad, "sin disminuirla ni un ápice", la reconversión de una parte del olivar y la concentración de la oferta.
En su intervención, Aguilera ha afirmado que la Consejería "ha cerrado las puertas" para crear más denominaciones de origen, que es inminente la puesta en marcha de un fondo de 40 millones de euros para mejorar la liquidez del sector y que no volverá a pedir a Bruselas la activación del almacenamiento privado este año, porque "no lo vamos a conseguir nos pongamos como nos pongamos".
Ha criticado la "incapacidad de gestión" de los directivos de muchas empresas y cooperativas, que "son incapaces de poner soluciones antes de morir", y por otra parte la conveniencia de valorar técnicamente si el Sistema de Información de Precios en Origen (POOLred) es una buena herramienta de referencia.
De cara a la reforma de la Política Agraria Común (PAC) más allá de 2013, Aguilera ha asegurado que luchará para mantener los 800 millones de euros en ayudas comunitarias, pero con un reparto más justo -que ahora son de 646,50 euros por hectárea de media-
El director gerente de las cooperativas andaluzas (Faeca), Rafael Sánchez de Puerta, ha resaltado que la situación es "calamitosa", con precios al agricultor de 20 céntimos por kilo de aceituna, por lo que aboga por retirar aceite a los almacenes del Patrimonio Comunal Olivarero, con 450 millones de kilos de capacidad.
Para el secretario general de Asaja-Sevilla, Eduardo Martín, "sería bueno" lograr un instrumento de gestión y prevención de crisis sin depender de Bruselas, el establecimiento de unas reservas estratégicas para retirar producto y utilizarlo en épocas de menor producción por sequías para poder abastecer los mercados.
El secretario de la organización agraria UPA-Andalucía, Agustín Rodríguez, ha defendido en su intervención la concentración de la oferta, la promoción para vender un producción que en 2020 llegará a 1,8 millones de toneladas de aceite, el refuerzo de las Interprofesionales, contratos homologados y mecanismos de mercado.
El secretario general de COAG-Andalucía, Miguel López, ha propuesto la creación de una central de ventas en Andalucía que integre la comercialización para ganar poder de negociación frente a "los abusos" de la gran distribución comercial, recuperar la rentabilidad del olivarero y evitar su "desmantelamiento".
Por parte de los envasadores, el presidente de Anierac, Pedro Rubio, ha explicado que es posible vender más con precios más altos y, entre sus recetas, figuran la apuesta por un acuerdo con la distribución y acabar así con el tratamiento que hacen del aceite, concentrar oferta con mejor política comercial y promoción para vender hasta 200 o 300 millones de kilos de aceite a largo plazo.
Desde Infaoliva, Luis Gallardo ha coincidido en apostar por la profesionalización, la calidad y la promoción.
El director gerente de la patronal de aceituna de mesa (Asemesa), Antonio de Mora, ha lamentado la crisis "estructural" de este tipo de olivar, y ha insistido en que la solución a los problemas está hoy más en manos del propio sector que en las de la Administración.
Los sindicatos CC.OO y UGT han sido críticos con el sistema laboral en el campo, dado el apoyo comunitario que reciben.
Para Antonio Perianes (CC.OO), los agricultores no han favorecido el empleo por cuenta ajena, la formación profesional, ni la prevención de riesgos, en lo que ha calificado como uno de los peores modelos laborales, si se excluye al servicio doméstico.
Desde UGT, Sebastián Marín ha criticado que los agricultores hayan optado por reducir sus costes contratando menos, con una pérdida de un millón de jornales en los últimos años, al pasar de los 4 millones de hace 6 años a no más de 3 millones actuales, pese a que reciben más de 600 euros por hectárea en ayudas de la PAC.