EFE.- Esta intervención, denominada operación "Limarco", comenzó en mayo y concluirá en octubre, con el fin de detener y desarticular grupos organizados dedicados a la recolección masiva, transporte y comercialización ilícita de caracoles.
Según ha informado hoy la Subdelegación del Gobierno, se han hecho cuatro inspecciones y se han precintado varias instalaciones en la provincia, tramitándose 38 denuncias por vulnerar leyes y normativas en materia medioambiental, sanitaria, de calidad alimentaria, transporte y fiscal.
Al tratarse de infracciones administrativas, no se han producido detenciones de las personas implicadas, que actúan como grupos organizados en distintas zonas del sur de la provincia, en las que recogen caracoles de diversas especies, vulnerando la normativa de montes y biodiversidad.
Además, otras personas ejercen de intermediarias y compran los caracoles a un precio de entre 1,5 y 2 euros el kilo, para llevarlos después a almacenes ilegales hasta venderlos a empresas que tienen registro sanitario y están autorizadas para la venta de caracoles, aunque sólo los procedentes de criaderos.
Según la Subdelegación del Gobierno en Huesca, una buena parte de los caracoles intervenidos en la operación han sido considerados no aptos para el consumo por las autoridades sanitarias y enviados a centros de destrucción autorizados, mientras que los intervenidos en fase de recolección han sido devueltos a su medio natural.