UPA ha exigido también al Ministerio de Agricultura que “deje de mirar para otro lado” y aplique la Ley de la cadena alimentaria, cuyo objetivo principal es evitar los abusos de la distribución. “Arias Cañete debe exhortar a la distribución a ser responsables y a que dejen de banalizar la carne de pollo. Se trata simplemente de cumplir la ley”, han subrayado.
Los ganaderos de pollos generan 50.000 empleos en nuestro país, produciendo más de 11 millones de animales a la semana y facturando 1.300 millones de euros al año. Sin embargo, y a pesar del incremento del consumo, desde 2005 una de cada cinco granjas ha tenido que cerrar.
“UPA no admitirá una situación de precios que implique banalización del producto y que pueda suponer la ruina para miles de los miles familias que dependen de esta actividad”, han recalcado.