En este sentido, para el CES “establecer este tipo de barreras presupuestarias tiene mucho de ejercicio de voluntarismo que puede coartar el margen de actuación para otro tipo de políticas. […] Lamentamos que el anteproyecto no contenga una memoria económica detallada que pueda dar soporte y credibilidad al conjunto de los objetivos que se persiguen”.
Además el dictamen, aprobado por unanimidad, es especialmente crítico con la introducción de la nueva Ley de representatividad agraria, incorporada al anteproyecto pese a no contar con las garantías democráticas necesarias para la realización de unas elecciones: “Las elecciones en el campo deben hacerse con todas las garantías y requisitos que plantea la Ley electoral, tal como se ha hecho en otras ocasiones en nuestra región”, según recogen las organizaciones ararias en una nota.
Cree que faltan propuestas muy concretas en muchas aspectos
Asimismo, el CES hace hincapié en su dictamen en la falta de propuestas para aspectos como la igualdad de género en el medio rural, la incorporación de los jóvenes al sector o la prevención de riesgos laborales. En este sentido, desde el CES destacan que el tratamiento de los temas del anteproyecto se hace de un modo “desigual”, con algunos temas muy “cerrados” mientras que otra regulación se presenta “muy abierta dejando fuera muchas materias para su posterior desarrollo”.
El CES también ha querido reiterar la necesidad de reanudar la interlocución con los agentes sociales para añadir consenso a la Ley: “La elaboración de una ley con perfil tan amplio y temas tan diversos […] debería haber fomentado una mayor participación ciudadana y concertación social con todos los agentes económicos y sociales”. Como ejemplo, la recomendación final del dictamen del Consejo Económico y Social: “Por la importancia para la economía y la sociedad extremeña, al tratar de regular, en una sola norma tan extensa y complicada todo un sector estratégico, este Consejo Económico y Social recomienda un amplio proceso de concertación y diálogo social con los agentes sociales y económicos y los actores protagonistas del agro autonómico; no solo por cumplir los preceptos legales recogidos en el Estatuto de Autonomía de Extremadura, la Constitución Española y la Ley de Participación Institucional, sino y sobre todo, para que el texto que regula la agricultura en Extremadura nazca de fruto del consenso y del acuerdo”.
Cabe recordar que, pese a su carácter consultivo, el Consejo Económico y Social de Extremadura es el máximo órgano de representación civil de la sociedad extremeña.