EFE.- En un comunicado, la secretaria de Agricultura del PSOE de Extremadura, María Teresa Macías, señala que su partido se ha planteado la necesidad de evitar la imposición por parte del Gobierno de España de la subida de costes energéticos regulados en agosto de 2013.
Este incremento, según explica, se traduce en un aumento en los costes fijos del regadío en términos de potencia del 112% y se suma a los ya introducidos, por lo que supone una «nueva hipoteca» para las explotaciones agrícolas.
Macías considera que el hecho de que los costes sean inasumibles para los agricultores obliga a que opten por cultivos que se produzcan con menor coste.
«Pasar de producciones de regadío a secano se traduce en menor volumen de mano de obra, desde el campo a la industria», según la portavoz socialista, quien considera que «esta situación no puede admitirse ni una campaña más».
A su juicio, si a la falta de financiación se le suma el aumento del coste eléctrico en las tarifas de riego, «se estará incitando al cese de la actividad en el campo».
Macías recuerda que existía un compromiso político del PP de reducción de tarifas, que no sólo no se cumple, sino que se traduce en la imposición de mayores costes a las explotaciones de los existentes hasta el año 2011.
Por eso, ve urgente adoptar de forma inmediata medidas que permitan a los regantes optar a una tarifa estacional y evitar, así, la penalización que se les impone con respecto a otros usuarios.
«Es totalmente necesario que puedan formalizarse contratos de temporada donde se pueda disponer de distintas potencias para el uso en los meses de riego», según Teresa Macías, tras abogar también un por plan que fomente que las comunidades de regantes y explotaciones de regadío puedan consumir la energía eléctrica que ellos mismos produzcan.
La portavoz socialista señala que los regantes quieren constituir centrales de compra de energía y por ello hay que adaptar la normativa de forma que puedan reducir costes para asegurar su estabilidad.
En todo caso, recalca que es necesario plantear un tipo de IVA reducido a estas comunidades de regantes siguiendo la misma línea de lo que se está haciendo en otros países europeos para las instalaciones de riego y drenaje.
Por todo ello, se pide al Gobierno de España y al Gobierno de Extremadura corregir la situación con propuestas viables para las que sólo es necesario voluntad política.