Pero la presión de los agricultores, que consideran que Francia no puede quedar al margen de estas evoluciones, hizo que se anulara el decreto, lo que abría de nuevo la puerta a su uso.
Francia impulsa una iniciativa comunitaria para que la aprobación de un organismo genéticamente modificado (OGM) tenga que superar los mismos procedimientos que los fitosanitarios y los medicamentos, y también que los Estados que lo quieran puedan impedir su cultivo.