EFE.- Un grupo de una veintena de ecologistas han desplegado esta mañana pancartas y un gran mural con las letras "No Prospeccions" ante la sede del Parlament de Catalunya, a cuyos diputados han pedido que rechacen públicamente los proyectos de explotación de hidrocarburos a pocos kilómetros de la costa catalana, tal y como han hecho los gobiernos de Baleares y Canarias, entre otras comunidades.
Las entidades que forman parte de esta plataforma han pedido la "paralización inmediata" de todos los proyectos de hidrocarburos que, aseguran, amenazan los ecosistemas naturales del Mediterráneo y la economía vinculada a estos espacios, como el turismo o la pesca.
Los ecologistas han recordado que el año pasado el grupo parlamentario de ICV- EUiA ya preguntó al gobierno catalán sobre las autorizaciones para prospecciones de hidrocarburos frente a las costas de Girona y el Maresme concedidas a Capricornio Spain SL en la primavera de 2013.
Entonces, el conseller de Empresa y Empleo, Felip Puig, respondió que la ley "prevé que corresponde a la Administración General del Estado otorgar las autorizaciones y concesiones para la ocupación del dominio público marítimo-terrestre, lo que no permite la actuación del gobierno catalán en este ámbito".
Sin embargo, los ecologistas han recordado que Puig aceptó que "a pesar de la distribución competencial existente, proyectos de esta naturaleza deberían contemplar una implicación más determinante de la Generalitat en los procedimientos de autorización".
Según la plataforma, actualmente hay tres proyectos de investigación de hidrocarburos (gas y petróleo) que se ciernen sobre el norte del Mediterráneo, a los que varias entidades ecologistas catalanas han presentado alegaciones.
Tras la denegación del permiso por parte del gobierno estatal este invierno, por faltas en la tramitación, el proyecto de la empresa Seabird, ahora quedan pendientes de autorización las campañas de prospecciones de las empresas Repsol, Capricornio Spain Limited y Spectrum.
Según la plataforma ecologista, este último proyecto se superpone en gran parte en las áreas de los otros dos proyectos y además amplía el área en una segunda fase hacia el sur de las Islas Baleares.
"Todos estos proyectos no contemplan normativas españolas y europeas de protección del medio marino, incumplen la Ley estatal de hidrocarburos para superar la superficie máxima autorizada y, en caso de llevarse a cabo, tendrían graves afectaciones sobre la fauna y flora marina y sobre actividades económicas como la pesca y el turismo", han denunciado los ecologistas.