En vísperas de la publicación de la nueva normativa eléctrica y tras semanas de intentar negociar una solución para las plantas de purines, "sin ninguna receptividad por parte del Ministerio de Industria ni del de Agricultura", las plantas de purines se encuentran en una situación "desesperada y de impotencia", según señala esta organización en una nota.
Por una parte, el Ministerio de Industria y Energía, "en una reacción sin precedentes en la historia reciente, considera que el cierre de estas plantas no es competencia de ese ministerio, aunque su creación y legalización se hizo precisamente bajo una normativa específica del Ministerio de Industria y Energía, que ahora las abandona a su suerte".
Ni una respuesta al estudio presentado por el sector
Desde hace meses, ADAP ha presentado reiteradas veces ante el Ministerio un estudio auditado que confirma que las 29 plantas operativas quebrarán con los parámetros que se contemplan en el borrador de Orden Ministerial, y que nunca han recibido la retribución que las acercara a la rentabilidad razonable asegurada por el RDL 9/2013. El Ministerio de Industria y Energía no ha reaccionado en ningún momento ante este estudio.
Por otra parte, el Ministerio de Agricultura, acuciado por las graves consecuencias para el futuro del sector porcino y para el medio ambiente que tendría el cierre de estas plantas" y en un intento desesperado por justificar el cierre de las mismas", ha realizado un estudio previo sin contar con todas partes implicadas, "basado en medidas ineficaces o parciales", recalca la nota.
ADAP ha confrontado con algunas comunidades autónomas afectadas y con los propios ganaderos la inexactitud de los parámetros en que se basa dicho estudio, lo que le lleva a denunciar "que está fundamentado en conceptos incorrectos y obsoletos, superados en los últimos 10 años por otras tecnologías desarrolladas en las plantas de ADAP, y que son hoy reconocidas como mejores prácticas del sector".
Por ello ADAP, con objeto de intentar buscar una solución provisional que evite la contaminación y dañe la imagen de un sector tan sensible por su magnífica imagen exportadora y tecnológica, propone que se establezca una moratoria de la normativa actual durante unos años, que permita poder buscar soluciones debatidas por todas las partes y que redunden en beneficio del sector porcino, de los trabajadores, del medio ambiente y de la economía nacional.