La compañía estadounidense asegura en el documento que sus cálculos apuntan a que las modificaciones en las ayudas, que se aplicarán con carácter retroactivo desde julio de 2013, supondrá un recorte de aproximadamente el 37% de los fondos que reciben al actuar dentro del régimen especial de producción.
"A la espera de que entren en vigor, la empresa ha decidido suspender las operaciones en sus seis plantas, aunque las discusiones con el Gobierno español siguen en marcha", asegura en su comunicado
Dresser Rand compró en 2011 el negocio renovable a Guascor. Entonces, la compañía no realizó ninguna evaluación de esos intangibles. No osbtante, calcula que la reforma reducirá sus ingresos en 100 millones y sus beneficios, en 4,1 millones de euros. Con ello, así como otras incidencias en Asia y la imposibilidad de vender tres plantas fotovoltáicas, ha revisado a la baja su previsión de resultados para todo 2013.
Unión de todo el sector porcino para exigir una solución a este problema
Por su aprte, e l sector del porcino se movilizará en siete municipios este jueves para protestar por el cierre del 80 % de las plantas de tratamiento de purines en los últimos días por la reforma energética que estudia el Gobierno y que llevaría a la pérdida de rentabilidad de dichas instalaciones.
La Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino (Anprogapor), la Asociación de Empresas para el Desimpacto Ambiental de los Purines (ADAP), Cooperativas Agro-alimentarias y las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA han explicado hoy en Madrid en rueda de prensa la situación generada tras conocerse el borrador del Gobierno sobre reforma energética.
Las concentraciones se celebrarán en Valladolid, Lleida, Vic (Barcelona), Toledo, Murcia y Langa de Duero (Soria) por la mañana y en Vilches (Jaén) por la tarde.
Ya han remitido una carta al ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, y al ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, en la que exponen la situación y piden una reunión de urgencia.
Según el sector, esto lleva a "un impacto directo en las explotaciones de porcino", que utilizan estas plantas de gestión para tratar sus excedentes de purines "a un coste razonable".
Más de 3.000 explotaciones gestionan parte de sus purines en estas instalaciones -la mayoría en Cataluña, Aragón y Castilla y León-, con lo que logran disminuir el impacto ambiental y contribuyen a la generación de energía.
Un problema de 2,5 toneladas de purines y un coste de 300 millones de euros
El director de Anprogapor, Miguel Ángel Higuera, ha detallado que las plantas tratan cada año entre 2 y 2,5 millones de toneladas de subproductos del cerdo, cerca de un 3% del total de la producción.
Higuera ha indicado que el cierre de las plantas puede llevar a un descenso del 2% de la producción porcina y podría generar un impacto económico negativo superior a los 300 millones de euros.
El "principal" problema es, a su juicio, que "muchas" granjas "vinculan su producción" a que una "parte" de la producción de excrementos puedan ser tratados en estas instalaciones.
Ha alertado de que los ganaderos están almacenando los purines de los últimos días en las balsas, pero que llegará un momento en el que estén al 100 % de su capacidad, lo que puede obligarse a tener que verter purines en el campo, que entra en conflicto con la directiva europea de emisiones industriales.
ADAP pide que se reconsidere el texto inicial de Industria
Por su parte, el presidente de ADAP, Josep Capdevila, ha afirmado que estas plantas llevan 10 años funcionando "de manera correcta" y ha recordado que fue en 2007 cuando se pactó con el Ejecutivo que tuvieran una rentabilidad mínima del 7%.
"Con esta derogación del Real Decreto 661, eso se ha quebrado y la situación se ha complicado con las Órdenes ministeriales que prevén la regulación futura", ha apuntado Capdevilla.
Desde ADAP, han exigido que el Gobierno "reconsidere este texto inicial y valore la especificidad que tienen estas instalaciones".
Cooperativas pide que se rectifique
El presidente de la sectorial del porcino de Cooperativas Agro-Alimentarias, Ramón Armengol, ha pedido que se rectifique el borrador.
Armengol ha incidido en el valor de estas plantas que nacieron hace 15 años para responder a "una necesidad" que tenía la ganadería intensiva y que llevó a que "empresas especializadas en tratamientos de residuos invirtiesen en el mundo rural".
ASAJA, COAG y UPA no ocultan la gravedad de la situación
El secretario del porcino de Asaja, Isidro Villaescusa, ha remarcado su "gran preocupación" y que confía en que la situación se solucione cuanto antes.
"Debe solucionarse a partir de mañana, porque es una situación muy grave", ha resaltado Villaescusa.
Desde COAG, el responsable del sector porcino, Jaume Bernis, ha remarcado la unidad del sector en este asunto, lo que subraya "lo grave de la situación".
Para Bernís, el Gobierno "deja al sector" ganadero con el cierre de las plantas en una "ilegalidad medioambiental", en alusión a la posibilidad de que tengan que tirar los purines al campo.
El responsable de Ganadería de UPA, Román Santalla, ha opinado que la futura norma puede provocar "casi el fin" del sector porcino "de un plumazo".
Santalla ha "lamentado" que el Ministerio "no haya informado previamente a Industria" de una decisión "tan errónea".