En este sentido, el presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, que también participa en esta jornada, ha advertido de que "el sector del agua carece aún de suficientes infraestructuras" y, sin un sector sólido, es imposible "expandirse internacionalmente".
En España, sectores como el turismo, la energía o la agricultura hacen un uso intensivo del agua, por lo que según Arias Cañete se hace necesario construir una política con "amplio acuerdo social" y una gestión eficiente del agua, lo que no se consiguió en la legislatura anterior.
El ministro criticó las políticas del anterior gobierno socialista al aseverar que en los "últimos tiempos se ha prescindido de una planificación seria y se han incumplido normativas en depuración de aguas que acarrearán sanciones de unos 100 millones de euros a España".
Así, reveló que, de los veinticinco planes de cuencas que debían haberse completado antes de 2010, a día de hoy sólo se ha podido culminar uno.
El ministro ha recordado que su departamento ha aprobado trece planes de cuenca y "de los restantes que son responsabilidad del Gobierno, los del Ebro, Tajo y Segura ya han recibido un informe favorable del Consejo Nacional del Agua, mientras que el del Júcar está en información pública".
Crear un nuevo modelo de gestión del agua
En esta jornada también se ha presentado un informe elaborado por la consultora Price Water House (PWC) sobre "La gestión del agua en España, análisis de la situación actual del sector y retos de futuro".
Este documento, que explicó el socio de PWC Antonio Martínez Dalmau, propone desarrollar un nuevo modelo de gestión del agua que aporte estabilidad al sector y permita tanto atraer las inversiones que se necesitan como facilitar que el consumo sea económicamente eficiente y sostenible con el medio ambiente.
El nuevo modelo presenta cuatro premisas fundamentales: metodología nacional para el cálculo de las tarifas del agua; incentivos económicos para su aplicación; definición de las competencias municipales; establecimiento del principio de separación de actividades e incremento de las competencias de las comisiones de precios.
Aplicado en España, este sistema generaría un impacto agregado en el PIB de 12.600 millones de euros, así como la creación de 23.7600 nuevos empleos y un incremento de la recaudación tributaria de 6.900 millones de euros.
El plan también permitiría ahorrar 13.300 millones en costes de suministro por la mejora de la eficiencia en la red y la reducción de las pérdidas de agua, además de eliminar ineficiencias derivadas del derroche por valor de otros 2.500 millones.
Martínez Dalmau ha insistido en la idea de gestionar el agua como un bien escaso, ya que en España el porcentaje de superficie desertificada ha pasado "del 31 al 37 por ciento" en el periodo de 2003 a 2007.