En un comunicado de prensa, el Ministerio destaca que dentro del Plan de racionalización de estructuras de la Administración General del Estado, el Consejo de Ministros ha aprobado el informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, que incluye la extinción de la sociedad La Almoraima, S.A. En este proceso, el Gobierno procederá a la venta de la finca, devolviéndola de esta forma a la propiedad privada, en el marco de su firme intención de reducir las estructuras de gasto público y promover una gestión eficiente y sostenible de la finca, garantizando la máxima conservación medioambiental de la superficie protegida.
Poreso, cree que la intención de la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía de ampliar los límites del Parque de los Alcornocales a nuevos terrenos de La Almoraima, no responde a criterio alguno relativo a valores medioambientales. En realidad, dichos terrenos de la finca constituyen una superficie dedicada a regadíos, agricultura de secano y pastos, que no reúnen las características propias de una protección medioambiental especial".
Asimismo, la respuesta del Magrama resalta que "no cabe sino lamentar que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Andalucía pretenda paralizar el plan especial de ordenación de usos, con la única intención de impedir las posibilidades de crecimiento económico y social que dicho plan supondría para los municipios de Castellar de la Frontera y del Campo de Gibraltar. Estos municipios resultarían claramente perjudicados de ejecutarse la decisión de la consejera, al perder una gran oportunidad de desarrollo para sus poblaciones".
Una contradicción con la voluntad de la presidenta andaluza
Además, el Ministerio cree que dicha decisión "supone una clara contradicción con la voluntad manifestada por la nueva presidenta de la Junta de Andalucía, manifestada en reiteradas ocasiones, de fomentar, en el ejercicio de su responsabilidad, el crecimiento socioeconómico de esa Comunidad Autónoma".
Por último acaba reseñando que "resulta sorprendente que la reducción del gasto público, la generación de ingresos para el Presupuesto de la Administración General del Estado, -es decir para todos los españoles- y el apoyo al desarrollo socioeconómico de municipios andaluces por parte del Gobierno de España, en su defensa del interés general, sean calificados de “proyectos especulativos” por parte de responsables de la Junta de Andalucía".