El Gobierno va a acometer estas obras en 2014, 2015 y 2016, y quiere licitarlas en el próximo ejercicio. Para empezar, a principios de año tiene que sacar a concurso proyectos por valor de 500 millones de euros, para evitar las sanciones de la Comisión Europea por incumplir la Directiva sobre aguas residuales (ya hay una multa pendiente que se estima que se situará en una horquilla entre 30 y 60 millones), según señala Juanma Lamet en www.expansion.com.
Problemas de financiación con las CCAA y los municipios
El problema es que, hoy por hoy, el Ministerio duda de que pueda licitar esta primera parte del paquete de obras por la vía público-privada, según aseguran fuentes cercanas a las negociaciones gubernamentales. Éstas agregan que la idea que gana más peso es la de que Gobierno y autonomías "arañen" esos 500 millones a costa de otras partidas presupuestarias.
En segundo lugar, durante 2014 se lanzará la licitación público-privada de los alrededor de 4.000 millones restantes, a ejecutar en tres años. "El Ministerio les va a dar máxima prioridad, pese a las restricciones presupuestarias, para evitar que al esfuerzo inversor se les sumen las multas europeas", subrayan las citadas fuentes.
Los pliegos (y la asignación de las tarifas) deberían estar listos para después de verano. Ésta es la parte mollar del plan, que se convertirá en el mayor esfuerzo público-privado desde el destinado en 2007 a las autovías de primera generación (6.000 millones, pero repartidos en 19 años). El problema es que las concesiones de depuradoras presentan una dicotomía: más déficit público o encarecimiento del agua. Se ha optado por la segunda vía porque las autonomías y los ayuntamientos tienen cerrado el acceso a la financiación y porque, en plena lucha contra el déficit, ese hipotético desembolso de fondos públicos se acabaría repercutiendo, también, en los usuarios, que serán los perdedores económicos sí o sí.
En todo caso, el Ministerio aduce que España es uno de los países de Europa con el agua más barata. Tomás Sancho, presidente del Comité Técnico de Agua, Energía y Medio Ambiente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, opina que este plan público-privado es "una operación imprescindible, porque realmente las condiciones medioambientales y los requisitos de la planificación lo requieren. Es una actuación prioritaria. Introducir mecanismos de colaboración público-privada hace viable la operación, porque reparte el incremento de precios en diversos años, 20 ó 30; además, las administraciones competentes tienen capacidad de acceso nulo al crédito".
No se descarta una subida de la tarifa del agua
Por eso el mecanismo elegido es, en su opinión, "el indicado, es claro y es justo". Sancho hace hincapié en que "es inevitable subir el precio. El agua debe pagar el agua, y la tarifa de ahora no es capaz". En los lugares en los que se hagan estas obras, la recuperación de la inversión se producirá en al menos dos décadas y se hará con cargo a la tarifa del agua. Esto acarreará, según los cálculos de los expertos y del Ministerio, un aumento medio del 50% en el precio del agua, tal como adelantó Expansión el pasado 25 de junio.
La idea del equipo de Cañete es que las concesiones se abonen con un canon. Además, a las empresas no se les transferirá el 100% del riesgo, sino una cantidad en función de los metros cúbicos depurados. El problema es que en muchos pueblos la demanda de agua no está muy asegurada. Las negociaciones gubernamentales se enfocan a encontrar una solución para eliminar esos desequilibrios. El Ministerio confía en poder aminorar el impacto económico de las inversiones en el coste final del agua. ¿Cómo? Consiguiendo los máximos fondos europeos posibles. Eso sí, hay un requisito para que la UE financie las concesiones de depuradoras: "Que esa financiación dé respuesta al coste de implantación y servicio y que quien contamine pague", como aseguró recientemente la directora general del Agua, Liana Ardiles.
El tratamiento del agua es un tema capital para el Ejecutivo. De hecho, en los dos últimos años se han reducido en un 80% los incumplimientos en materia de depuración, según fuentes del departamento que capitanea Miguel Arias Cañete. Pero con este nuevo plan público-privado el Gobierno confía en "entrar en la senda del cumplimiento a partir de 2014".