11.- Otra cuestión pendiente es la Ley que regulará los Consejos Reguladores. ¿En qué ejes se va a basar esta propuesta y qué repercusiones puede tener cuando choquen los intereses políticos de varias comunidades, como ha sucedido recientemente en el caso de La Rioja?

     No hablamos de una propuesta en elaboración, ya que el texto del Anteproyecto de Ley de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas de ámbito supra-autonómico ya ha comenzado su trámite oficial. En estos momentos, ya se ha realizado el trámite de consultas a organizaciones sectoriales y, por supuesto, a las Comunidades Autónomas.

    La norma es el desarrollo nacional de los preceptos contemplados en la normativa comunitaria en la materia y, por tanto, de directa aplicación pero, al mismo tiempo, adaptando, dentro de la subsidiariedad que se permite, el modelo a nuestra organización nacional y tradición en el desarrollo de estas figuras.

   Ya desde antes de esta Ley, desde el Ministerio hemos buscado, incrementar al máximo la participación de las comunidades autónomas afectadas territorialmente por una figura supra-autonómica y creemos que hemos satisfecho las distintas inquietudes. Se ha de tener en cuenta la  especificidad de la organización administrativa de diferentes comunidades, pero siempre sin olvidar que existe un nexo común que  agrupa los distintos territorios, en torno a un único nombre que ampara productos con características específicas vinculadas con una única área geográfica delimitada.

   Estoy convencido que todas las administraciones encontraremos el punto de encuentro, como hemos venido haciendo hasta la fecha, que redunde en una protección adecuada de todas las figuras y facilite el desarrollo de la actividad económica de nuestras empresas. Sobre todo cuando los propios operadores, a través de su agrupación, han decidido acometer un proyecto común en torno a elementos característicos que comparten.

12.- ¿El proyecto recoge si algunas Denominaciones deberán comenzar a pensar que deben dar paso a una nueva evolución y renunciar, en parte, a su historia o es compatible mantener algunas D.O. o IGP muy determinadas sin que les afecte la filosofía de ámbito nacional que quiere impulsar su nuevo proyecto?

   Nadie tiene que renunciar a su historia, todo lo contrario. Lo que se pretende es, consolidando la tradición, afianzar legalmente el papel que ha de jugar cada cual de cara al futuro, alejando cualquier cuestionamiento jurídico en torno al modelo. Para ello, se pretende acometer una clarificación, adaptación a la nueva normativa comunitaria y refuerzo de las funciones que tienen que desarrollar los órganos de gestión, los Consejos Reguladores, que se han erigido como una pieza clave en el progreso de este modelo de diferenciación de la producción en nuestro país.

   Pero, al mismo tiempo, se hace necesaria una reforma en el sistema de control oficial y hacerlo plenamente compatible con el modelo impuesto a nivel comunitario, donde el responsable último y principal es siempre la autoridad competente, pero con posibilidad de delegar determinadas tareas de control, de acuerdo al cumplimiento de una serie de requisitos.

   No hay nada transgresor en este Anteproyecto de Ley supra-autonómico, ya que las raíces de la reforma parten de la normativa comunitaria, como decía, de directa aplicación en todo el territorio de la UE.

14.- Se ha avanzado como nunca dentro del Plan Hidrográfico Nacional, pero la tensión sigue igual de tensa cuando se habla del Tajo-Segura. ¿Habrá consenso o se deberá imponer el Ministerio a la hora determinar qué se tiene que hacer?

   Afortunadamente las tensiones por el agua han pasado a mejor vida tras el acuerdo alcanzado por el Gobierno y cinco Comunidades Autónomas (Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid, Valencia y Murcia), sobre el trasvase Tajo-Segura. La política de confrontación por el agua ya no es una opción para España. Con este acuerdo, fruto de muchas horas de negociación y dialogo, se ha demostrado que en España es posible construir grandes consensos territoriales en temas muy complicados y tradicionalmente conflictivos.

    En el acuerdo se garantiza la preferencia de la cuenca cedente, con carácter general, y se estable por ley, en la Cuenca del Tajo la reserva de 400 Hm3. por debajo de la cual no se autorizaran trasvases. De este modo la cuenca cedente podrá disponer del agua que necesite, incluyendo sus requerimientos ambientales, y se asegura así que su desarrollo no puede verse limitado como consecuencia del trasvase. Con las aguas excedentarias, se cubrirán las necesidades de abastecimiento y riego de la cuenca receptora.

   Con este acuerdo se demuestra que se puede hacer una gestión del agua equilibrada, solidaria, sostenible y realista.

   15.- Los Presupuestos de este año apuestan por las inversiones en materia de agua, pero los regantes están indignados con la subida de las tarifas y las consecuencias que puede tener respecto a su futuro. ¿Qué papel puede jugar el Ministerio para que no recaiga tanto castigo sobre los regadíos?

   El criterio que mantiene el Ministerio de Industria es de sobra conocido: los costes fijos del sistema se deben pagar con la parte fija de la tarifa que no dependa del consumo, ya que si no, el consumo subvencionaría los costes fijos de distribución y transporte, que además, en el caso del regadío, son más altos debido a su dispersión territorial.

   El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, al no ser el ministerio competente en este tema, solo puede limitarse, por un lado, a poner en contacto los representantes de las comunidades de regantes con los responsables del Ministerio de Industria, propiciando encuentros a todos los niveles, para que los regantes expongan directamente sus preocupaciones a los gestores del sistema eléctrico. Por otro lado, a llevar a cabo actuaciones directas como es el apoyo a la creación de una central de compras para abaratar costes, brindando a las comunidades de regantes toda su colaboración para su puesta en marcha y funcionamiento.

   En el reglamento de desarrollo rural para el próximo periodo de programación 2014-2020, el Ministerio ha logrado introducir como coste elegible las inversiones necesarias para mejorar la eficiencia energética de las instalaciones de las comunidades de regantes, aspecto éste que no estaba incluido en la propuesta inicial de la Comisión. En este tipo de inversiones, éstas comunidades deberán efectuar previamente auditorias energéticas en las que se señalen los elementos a sustituir o mejorar, con objeto de que su sistema eléctrico quede optimizado en todos sus aspectos.

   También hay que señalar que en los proyectos de modernización de zonas regables que se están realizando, tiene una gran importancia la componente energética, con objeto de que los costes de explotación de la zona modernizada sean los menores posibles. Aprovechar los desniveles topográficos como elemento generador de presión, elevar la tensión de entrada en las estaciones de bombeo y gestionar la red de riego de una manera acorde con los periodos tarifarios, conducen a un consumo inteligente de la energía, que en definitiva, lleva a minorar la factura eléctrica.

    16.- Ante las tensiones entre productores e industria por el precio de la uva o de los cereales, ¿debe mediar la Administración para poner orden y evitar que algunas de las partes salga perjudicada?

    Con la entrada en vigor de la Ley  de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, se espera que acaben estas discrepancias. La Ley incluye un régimen sancionador, del que carece la actual Ley, contra la morosidad y que establecerá como infracción grave el incumplimiento de los citados plazos de pago. La nueva Ley obliga además, a realizar contratos en origen por escrito con anterioridad a la entrega.

    En cualquier caso, la Administración no debe interferir en las normas del mercado, lo que no quiere decir que no deba intentar que no se produzcan enfrentamientos entre operadores económicos en todos los momentos de la campaña de comercialización.
En este sentido, este Gobierno ha dado un paso muy importante al impulsar la reciente promulgación de la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. En esta ley se actualiza el régimen de contratos–tipo de productos agroalimentarios con el fin de buscar un mayor grado de unión entre todos los operadores de la cadena alimentaria.

   También la atomización del sector productor incide en un menor poder negociador de los productores con la Industria, por lo que el Gobierno fomenta e impulsa el asociacionismo agrario, en especial a través de las cooperativas, con el fin de concentrar la oferta y tener mayor poder negociador. En este sentido, quisiera destacar la publicación de la Ley  de fomento de la integración de cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario. 

   Los distintos sectores agrarios, entre ellos el vitivinícola o el sector de los cereales, deben aprovechar todos los instrumentos legales puestos a su disposición para lograr una máxima fluidez en las relaciones mercantiles. Además, hay que tener presente todas las disposiciones de la nueva Reforma de la PAC, cuyos textos legales verán en breve la luz, que tienden a fomentar la vertebración del sector agroalimentario. En este sentido la nueva OCM Única, en vigor a partir de 2014, dispone la extensión de la medida del Paquete lácteo relativa a las relaciones contractuales al resto de sectores agrarios, por lo que el Estado miembro podrá exigir contratos escritos para la entrega de productos del productor al distribuidor. Asimismo, para determinados cultivos herbáceos (entre ellos, trigo blando y duro, maíz, cebada, centeno y avena) se ha aprobado la extensión de la medida del Paquete lácteo relativa a que la negociación de los contratos de los productores pueda llevarse a cabo a través de las organizaciones de productores reconocidas, medida que contribuye al refuerzo del poder negociador del sector productor y, en definitiva, al reequilibrio de la cadena alimentaria.

   Estimo que el sector agrario tiene la obligación de aprovechar al máximo las posibilidades que le ofrecen tanto las instancias nacionales como las comunitarias.

   17.- En principio está previsto que el día 1 de enero se prohíban las aceiteras irrellenables. ¿Se va a aplicar a rajatabla, habrá una moratoria para la hostelería o, incluso, para la propia industria aceitera, que será la que deba proporcionar esos envases?

    Entendemos que ha habido tiempo suficiente para que se realicen las adaptaciones necesarias para que la medida entre en vigor el 1 de enero de 2014, ya que el proyecto de norma fue remitido a principios de julio a todos los implicados y afectados por la misma, incluida la hostelería y restauración. En cuanto a la industria aceitera, no me cabe duda de que estará deseando que llegue el momento de que entre en vigor esta norma.

18.- Respecto a las aceiteras, ¿cómo se hace efectiva esta medida si leyes más políticamente defendidas por todos como la Ley antitabaco aún se incumple en muchos restaurantes?

   El control de una efectiva aplicación de esta medida corresponde a las autoridades de consumo de las Comunidades Autónomas. No obstante, la clave del éxito de esta medida radica en un consumidor bien informado que, a partir del 1 de enero de 2014, exija que los aceites de oliva y de orujo de oliva en el canal HORECA estén envasados y etiquetados, dispongan de un cierre que pierda su integridad tras su primera utilización y sean irrellenables.

19.- Una de sus iniciativas es celebrar elecciones en el campo español el próximo año. ¿Cómo son sus relaciones con las OPAS? ¿Habrá consenso para celebrar unos comicios que permitan saber la realidad de la representatividad del sector?

    Las relaciones con las OPAS son excelentes, comp. prueban las sesiones de trabajo celebradas con motivo del trámite de consultas del proyecto de Ley para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias. Estos encuentros se han celebrado en un ambiente de gran cordialidad y cooperación.
La ley que se plantea es un proyecto del gobierno, que tiene como fines la determinación de la representatividad de las Organizaciones Profesionales Agrarias y la creación del Consejo Agrario como órgano consultivo, adscrito al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

   Hace más de 35 años que no se mide la representatividad del sector, por lo que va a llevarse a cabo un ejercicio de democracia, de transparencia y de legitimación de las organizaciones que defienden los intereses del conjunto del sector. Creo que la representación legitimada es buena para el conjunto de la sociedad ya que siempre es positivo reforzar los mecanismos democráticos y de representatividad.

20.- ¿Cómo se mide la representatividad en un sector económico como el agropecuario, voto por persona o por actividad?

   El proyecto en que estamos trabajando tiene como objetivo determinar  la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias de carácter general y ámbito nacional. Las organizaciones profesionales así definidas representan los intereses de los diferentes subsectores que constituyen el sector agrario.

    El sector agrario está formado por el conjunto de las actividades agrícolas, ganaderas y silvícolas, por lo que cualquier referencia a él integra el sector agropecuario.

    La consulta se realiza mediante el voto de las personas con derecho a participar en ella: las personas físicas y jurídicas que se dediquen a la agricultura, la ganadería o la silvicultura como actividad económica habitual.

   21.- Y para terminar, el final de las cuota lácteas está provocando un auténtico temor en el sector por las consecuencias que pueda tener, ¿se replantea el Ministerio presionar a Europa para evitar o buscar alguna otra alternativa a esta decisión?

   Es lógico que la aplicación de la nueva reforma de la PAC, unida a la desaparición de un régimen limitador de la producción (la cuota láctea) vigente durante más de 30 años, provoque en el sector una cierta incertidumbre.

   No obstante, el sector lácteo viene desarrollando desde hace bastantes años un intenso esfuerzo de reestructuración, que ha hecho que las explotaciones hayan ganado en dimensión, para prepararse ante este escenario que requerirá indudablemente de estructuras más eficientes y competitivas.

   Por otra parte, la aplicación del “paquete lácteo” ha permitido dotar al sector de herramientas que han de servir para mejorar la estabilidad en las relaciones y la transparencia en las transacciones. Son elementos esenciales para la mejora del funcionamiento de la cadena de valor que implican a todos los eslabones de la cadena, y que deben aportar predictibilidad y estabilidad en los volúmenes de producción y los precios.

   Los datos invitan al optimismo. En la actualidad hay siete organizaciones de productores reconocidas, con un volumen total de leche comercializada de casi 2 millones de toneladas (una tercera parte de nuestra producción), y engloban a más de 5.000 productores, casi la cuarta parte de los productores lácteos en activo.
En relación a los contratos, en agosto, había firmados más de 15.800 contratos entre productores de vacuno de leche y sus compradores, que supone casi un volumen de leche mensualizada de 540 millones de litros. Estas cifras indican que en la actualidad la práctica totalidad de la leche entregada por ganaderos a los compradores está sujeta a contrato.

   En cuanto a las decisiones a adoptar en el ámbito europeo, quiero destacar que la reforma de la PAC recién aprobada, permitirá disponer de herramientas de gestión de mercado para atender las posibles situaciones difíciles que puedan acaecer en el mercado de la leche. También en relación a las ayudas directas, podemos afirmar que el sector lácteo continuará disponiendo de un volumen de ayudas importante, entre pagos acoplados y desacoplados. Hemos luchado mucho en las negociaciones para que esto sea así, evitando que se nos imponga una “tasa plana” en las ayudas que hubiera perjudicado mucho al sector lácteo, que cuenta con importes unitarios por derecho más elevados que otros sectores tanto agrícolas como ganaderos.

    Ahora el reto es diseñar instrumentos a nivel nacional que permitan atender a los ganaderos realmente activos y contar con un sistema de regionalización que limite los posibles trasvases entre territorios. También puedo asegurar ya, porque así lo perciben unánimemente los responsables de todas las CCAA, que este sector contará con pagos acoplados, vinculados de alguna manera a la dimensión productiva.

    Seguiremos trabajando intensamente en colaboración con las CCAA y los representantes sectoriales para garantizar la viabilidad futura del sector lácteo. En este sentido, la Conferencia sobre el sector lácteo recién celebrada en Bruselas, ha servido como primer punto de encuentro para el debate sobre la necesidad de avanzar en el diseño de instrumentos adicionales para garantizar la viabilidad del sector tras la desaparición de las cuotas.

    Las perspectivas en el mercado mundial de leche no son en absoluto malas, sino todo lo contrario. Pero es verdad que el sector sabe que se enfrenta en el futuro a volatilidades importantes en los precios y en los costes. Vamos a continuar trabajando  y a buscar alianzas en Europa en el caso en que puedan producirse desequilibrios en el mercado o en las rentas de nuestros productores.

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