LA UNIÓ Llauradora critica las promociones de naranjas a 0,95 €/kg que anuncian las cadenas Aldi y Lidl para esta semana y exige a ambas cadenas su retirada por considerar que banalizan el valor de la producción citrícola y además reclaman una investigación sobre el precio pagado a los productores, ya que este tipo de ofertas pueden agravar la presión sobre los precios que perciben los agricultores.

La organización ha presentado una solicitud formal de investigación ante la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) y la Conselleria de Agricultura para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, comprueben las condiciones de compra de las naranjas incluidas en estas promociones, los precios efectivamente pagados y el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria en todos los eslabones implicados.

Aldi anuncia naranjas Navelina de categoría I y origen España en envases de cuatro kilogramos, con una rebaja del 21%, mientras que Lidl ofrece naranjas de categoría I y origen España en mallas de dos kilogramos, con un descuento del 36%. Ambas promociones coinciden en el precio anunciado de 0,95 €/kg y en ambos casos es uno de los productos estrella de sus folletos promocionales.

Para LA UNIÓ, la coincidencia de estas ofertas refuerza la necesidad de una respuesta inspectora rápida que esclarezca cómo se han construido los precios y quién asume realmente el coste de los descuentos. La organización advierte de que utilizar la naranja como reclamo para atraer compradores puede trasladar al mercado una referencia artificialmente baja y aumentar la presión negociadora sobre quienes producen y comercializan la fruta.

El secretario general de LA UNIÓ, Carles Peris, señala que «Aldi y Lidl deben explicar quién paga estas rebajas. Detrás de cada kilo de naranjas hay meses de trabajo, inversiones y gastos que el agricultor tiene que afrontar. El campo no puede convertirse en la variable de ajuste de las campañas comerciales de dos grandes cadenas».

La organización recuerda que las referencias del IVIA para la campaña 2019/20 ya situaban los costes del naranjo en la Comunitat Valenciana en 6.004 euros por hectárea sin recolección y en 8.935 euros por hectárea incluyéndola. Estas cifras, además, no incorporaban conceptos como la renta de la tierra, los seguros agrarios o los intereses de los capitales propios. Una actualización con el IPC general elevaría esas cantidades hasta aproximadamente 7.690 y 11.440 euros por hectárea, respectivamente.

«DESTACAR EL ORIGEN ESPAÑA EN UN FOLLETO DEBE IR ACOMPAÑADO DE UNAS CONDICIONES DE COMPRA QUE PERMITAN SEGUIR PRODUCIENDO AQUÍ”

A los gastos de producción y recolección deben añadirse los correspondientes al transporte, selección, manipulación, envasado, distribución y mermas hasta que las naranjas llegan al consumidor. Por ello, LA UNIÓ reclama que la investigación reconstruya documentalmente la formación del precio y determine si la remuneración del productor cubre los costes efectivos de su explotación.

Las inspecciones solicitadas deberán revisar los contratos, las facturas, las liquidaciones y los justificantes de pago, así como las aportaciones promocionales, los descuentos posteriores y cualquier otra condición que reduzca el importe finalmente percibido por los proveedores. El objetivo es comprobar si las rebajas se trasladan hacia los primeros eslabones de la cadena y si existen incumplimientos que deban ser sancionados.

«Destacar el origen España en un folleto debe ir acompañado de unas condiciones de compra que permitan seguir produciendo aquí. El compromiso con nuestros agricultores se demuestra con los precios que se les pagan», afirma Peris.

LA UNIÓ recuerda que la Ley de la Cadena Alimentaria obliga a respetar los costes de producción del operador anterior y prohíbe trasladar hacia atrás el riesgo empresarial de la política comercial de la distribución. La organización exige que estas obligaciones se comprueben también en las promociones vinculadas a aplicaciones o programas de fidelización.

Asimismo, reclama al Ministerio de Agricultura y a la Generalitat estudios periódicos y actualizados de costes por variedades y sistemas productivos, que faciliten las inspecciones y permitan detectar con rapidez operaciones que puedan destruir valor en la cadena.

La organización considera insuficiente una vigilancia que dependa exclusivamente de que los agricultores denuncien individualmente, especialmente cuando pueden temer perder compradores. Por ello, pide controles de oficio sobre las grandes promociones de productos agrarios y una actuación que alcance desde la distribución hasta la explotación de origen.

«Los folletos están a la vista de todo el mundo. La Administración debe actuar con rapidez, seguir la trazabilidad de las operaciones y comprobar cuánto ha cobrado quien ha cultivado esas naranjas. Si se detectan infracciones, debe haber sanciones disuasorias», concluye Carles Peris.

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