El Gobierno de la Región de Murcia «impone a los agricultores murcianos un laberinto normativo conformado por cinco marcos regulatorios distintos, con exigencias diferentes sobre los mismos asuntos, con obligaciones que se solapan y, en definitiva, generando dudas sobre qué norma debe aplicarse en cada explotación», según denuncia SOS Rural. Esta situación, «inédita en Europa», se produce después de que el Consejo Económico y Social (CES) haya dado su visto bueno al programa de actuación para las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de la Región de Murcia —y el específico para el Campo de Cartagena—.
“El Gobierno murciano ha llevado a la agricultura de la región a un caos legislativo, algo de lo que el propio CES advierte en su dictamen al alertar de la inseguridad jurídica derivada de esta superposición normativa y al reclamar que se aclaren las obligaciones vigentes”, destaca Natalia Corbalán, portavoz nacional de SOS Rural.
De este modo, los agricultores murcianos se enfrentan a una confusión normativa compuesta por el citado programa de actuación para las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos —cuya actualización aún está pendiente de publicar—, por el Real Decreto de Nutrición Sostenible, por las medidas cautelares de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), por el Código de Buenas Prácticas Agrarias (CBPA) y por la Ley de recuperación y protección del Mar Menor.
De hecho, con respecto a esta última, el CES emplaza al Ejecutivo regional a redimensionarla, con el objeto de adaptar sus contenidos a los de la nueva orden para “evitar duplicidades y reforzar la simplificación y la seguridad jurídica, sin menoscabo del nivel de protección ambiental”.
Asimismo, el CES avisa en su dictamen de que las exenciones contempladas en el nuevo programa de actuación para las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos no están coordinadas con las obligaciones establecidas en el Código de Buenas Prácticas Agrarias. Esta situación afecta con especial fiereza a las explotaciones más pequeñas, ya que el umbral de 0,3 unidades de trabajo agrario (UTA) previsto en el programa no garantiza, por sí solo, que queden exentas de las obligaciones que puedan seguir siendo exigibles conforme al Código.
“Un agricultor que disponga de un invernadero de menos de 1.500 metros cuadrados de superficie, ¿quedará exento de cumplir la nueva norma sobre nitratos cuando entre en vigor? Por desgracia, nadie tiene esa respuesta”, destaca Corbalán.
DEFICIENCIAS RELEVANTES
Además, el CES señala otras deficiencias relevantes de la actual normativa de los agricultores murcianos, tras su visto bueno al programa de actuación para las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos.
Entre estos defectos, destacan la inseguridad jurídica —ya que falta claridad sobre qué disposiciones siguen vigentes y cuáles quedan sustituidas por el nuevo programa—, las exenciones poco justificadas —poniendo el foco en la necesidad de revisar y fundamentar el umbral de 0,3 UTA frente al de 0,5 UTA— y el impacto económico desconocido —ante la ausencia de una evaluación cuantificada de los costes que las nuevas obligaciones supondrán para los agricultores—.
El CES resalta también los efectos imprevistos por las excesivas cargas administrativas —ante la falta de un análisis específico de su repercusión sobre las explotaciones de menor tamaño— y la necesidad de medidas de apoyo —mediante el estudio de mecanismos de compensación y asistencia al sector agrario—.
“El Gobierno regional se empeña en estrangular a los agricultores murcianos, especialmente a los más pequeños, convirtiéndolos en líderes europeos en sobrecostes de producción y en cargas burocráticas estériles”, lamenta Corbalán.
