Unión de Uniones valora la aprobación en el Congreso de la PNL impulsada por la organización para mejorar la disponibilidad de herramientas ante los problemas fitosanitarios en algunos cultivos que los agricultores han tenido que abordar esta campaña sin soluciones eficaces. Tras el respaldo parlamentario, Unión de Uniones ha solicitado por escrito una reunión específica al Ministerio de Agricultura para abordar la puesta en marcha de las medidas acordadas.
La iniciativa, impulsada por Unión de Uniones, obedece a las numerosas peticiones del sector para poder recurrir a autorizaciones excepcionales ante problemas fitosanitarios para los que las herramientas disponibles resultaban inexistentes o insuficientes, como ha sucedido este año con el pulgón en cultivos hortícolas y frutales, la piricularia del arroz o el control de malas hierbas en el tomate. Situaciones similares, en las que los agricultores no han contado con herramientas fitosanitarias eficaces por las cada mayores restricciones impuestas, se han dado también en frutos rojos, tabaco, cítricos, uva de mesa y otros cultivos.
La organización ha demandado al Ministerio las soluciones excepcionales que permite la normativa europea para estas situaciones, «pero el MAPA últimamente está cada vez más reticente a este mecanismo para algunos productos que, sin embargo, si se autorizan en otros países como Italia, Francia o Portugal», señalan desde Unión de Uniones.
Unión de Uniones considera que el acuerdo alcanzado en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación supone un paso importante para afrontar un problema que preocupa cada vez más a agricultores de numerosos sectores: la progresiva reducción de materias activas y productos disponibles sin que, en determinados cultivos y frente a determinadas plagas, enfermedades o malas hierbas, existan alternativas suficientemente eficaces, viables y disponibles a tiempo.
La PNL aprobada recoge las medidas planteadas inicialmente por Unión de Uniones. Entre ellas se encuentra el refuerzo de los medios humanos, técnicos y administrativos del Ministerio para gestionar las autorizaciones excepcionales, los usos menores, las ampliaciones de uso y el reconocimiento mutuo de productos autorizados en otros Estados miembros. También reclama agilizar las autorizaciones excepcionales cuando exista un riesgo para la producción que no pueda resolverse por otros medios razonables, siempre dentro de las garantías sanitarias, ambientales y de seguridad alimentaria establecidas por la normativa.
«Cuando aparece una plaga, el agricultor no puede esperar meses a que llegue una solución administrativa. Si no hay una alternativa eficaz autorizada, el daño se produce en el campo y la cosecha se pierde. Lo que pedimos es rigor, pero también capacidad de reacción y sentido agronómico», señalan desde Unión de Uniones.
El texto finalmente aprobado refuerza, además, la coordinación entre el MAPA, las comunidades autónomas, el sector productor y las organizaciones profesionales agrarias y establece que la Mesa de Sanidad Vegetal deberá reunirse, como mínimo, una vez al año.
MÁS TRANSPARENCIA EN LAS AUTORIZACIONES
En ese marco deberá realizarse, según insta el Legislativo al Gobierno, un seguimiento de los cultivos con menor disponibilidad de soluciones, los usos menores, las plagas emergentes o importadas, los problemas de difícil control y la aparición de resistencias.
Asimismo, la PNL solicita al gobierno mayor transparencia en la información sobre las autorizaciones excepcionales denegadas o no tramitadas y sus causas, y analizarse periódicamente qué productos o usos están autorizados en otros Estados miembros y no en España para valorar las posibilidades que ofrece la normativa europea. Igualmente, la PNL reclama del Gobierno la defensa en las instituciones europeas del respeto al principio de reciprocidad en materia fitosanitaria para las importaciones.
Para Unión de Uniones, la cuestión es conseguir que, cuando desaparece una herramienta fitosanitaria, el agricultor disponga de una alternativa real y eficaz y que, ante situaciones urgentes debidamente justificadas, la Administración utilice con agilidad las posibilidades que permite la legislación.
Por este motivo, una vez aprobada la iniciativa, Unión de Uniones ha dirigido una petición al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para mantener una reunión específica en la que analizar cómo se van a desarrollar las medidas respaldadas por el Congreso. Esta PNL es un mandato político y la organización entiende que el respaldo obtenido —incluido el voto favorable del Grupo Socialista— debe traducirse ahora en actuaciones concretas y no quedarse solo en el Diario de Sesiones.
Unión de Uniones agradece especialmente a ERC, Junts y Sumar que recogieran la propuesta elaborada por la organización y la trasladaran al Congreso, así como a los grupos que, mediante su voto favorable o su abstención, hicieron posible su aprobación. La iniciativa salió adelante con los votos favorables de ERC, Junts, PSOE y PNV y las abstenciones de PP y Sumar, a pesar de los votos en contra de Vox y Podemos quienes dicen defender la seguridad alimentaria.