Los cerealistas de la provincia de Huelva han advertido de que si antes del comienzo de la próxima campaña no se adoptan medidas realmente eficaces para cubrir el insostenible aumento de los costes de producción, muchas explotaciones no sembrarán cereal este año.
Se trata, ha informado Asaja-Huelva en un comunicado, de «la consecuencia inevitable de una situación económica límite» ya que «los gastos medios de producción rondan ya los 900 euros por hectárea, mientras los precios percibidos por el cereal continúan por debajo de los costes».
Con las cotizaciones actuales, un agricultor necesita obtener más de 4.600 kilos por hectárea únicamente para no perder dinero, un rendimiento inalcanzable en buena parte de los secanos de la provincia. Además, han señalado que la escalada del combustible ha agravado todavía más el problema,
«Los agricultores no podemos seguir sembrando para perder dinero. Si producir cereales cuesta más de lo que obtenemos por venderlo, dejar de sembrar es la única forma de evitar que nuestras explotaciones se hundan definitivamente», ha advertido Gabriel Villegas, representante del sector en la junta directiva de Asaja-Huelva.
Durante años, numerosas explotaciones cerealistas han podido mantener su actividad gracias a los ingresos procedentes de otros cultivos; sin embargo, ahora la pérdidas acumuladas por el cereal están arrastrando al conjunto de la explotación y comprometen la viabilidad de empresas agrarias.
PIDEN A LA JUNTA Y AL GOBIERNO UNA AYUDA DIRECTA EXTRAORDINARIA POR HECTÁREA DE CEREAL, CON FONDOS ADICIONALES Y ABONADA ANTES O AL COMIENZO DE LA SEMENTERA
Los cerealistas onubenses denuncian también la grave situación que se está produciendo en el mercado de los fertilizantes donde están encontrando dificultades para obtener precios cerrados de determinadas empresas proveedoras mientras las cotizaciones continúan aumentando.
Los cerealistas han reclamado a la Junta de Andalucía y al Gobierno de España una ayuda directa extraordinaria por hectárea de cereal, financiada con fondos adicionales y abonada antes o al comienzo de la sementera, así como medidas directas para reducir el coste del gasóleo agrícola y facilitar el acceso a financiación en condiciones asumibles.
Han exigido, además, revisar la reducción progresiva de las ayudas a partir de las 50 hectáreas ya que ese límite «ignora la realidad económica del cereal de secano» y «perjudica a las explotaciones familiares medianas que invierten en maquinaria, generan empleo, contratan servicios y sostienen» los municipios rurales.
Reclaman asimismo una reducción de los módulos aplicables al cereal en el régimen de estimación objetiva del IRPF; la aplicación de manera efectiva la Ley de la Cadena Alimentaria; la actualización de los precios y rendimientos de referencia de los seguros agrarios; o que España y la Unión Europea activen las cláusulas de salvaguardia cuando las importaciones provoquen desequilibrios graves.