La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural está manteniendo contactos con el sector avícola regional para analizar la situación y hacer seguimiento de los focos de enfermedad de Newcastle declarados en Castilla y León, con el objetivo de analizar la evolución de la enfermedad, de forma que si se produce algún caso, se pueda dar una respuesta coordinada y eficaz. De hecho, ya plantea la posibilidad de estudiar la vacunación obligatoria como herramienta de control.
El Ejecutivo autonómico ha informado en una nota de prensa de que la directora general de Ordenación Agropecuaria, Lydia Benítez, se ha reunido con representantes de la Asociación Regional de Avicultores de Castilla-La Mancha (AVICAM), la Asociación de Defensa Sanitaria Ganadera (ADSG) Avicultores de La Mancha, la ADSG Aves Cedillo del Condado, la Federación Española de Empresas del Sector de la Producción de Huevos y Ovoproductos y la empresa Camar Agroalimentaria.
Con todos ellos se ha evaluado la situación actual y el estudio de posibles medidas que puedan contribuir a la prevención y contención de la enfermedad en caso de que llegara a detectarse algún foco en Castilla-La Mancha.
Benítez ha subrayado que en este momento no hay ningún foco en Castilla-La Mancha, ni tampoco sospecha de ningún caso y ha informado de que en la actualidad, en la región se está llevando a cabo el Programa Nacional de Vigilancia de la Enfermedad de Newcastle, un programa del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que está basado tanto en una vigilancia activa como pasiva.
Su misión es detectar de forma precoz cualquier posible foco que pudiera haber y garantizar la ausencia de presencia de la enfermedad en las explotaciones.
POSIBILIDAD DE ESTUDIAR LA VACUNACIÓN OBLIGATORIA COMO MEDIDA DE CONTROL
En cuanto a la segunda, en este encuentro se abordaron diversas propuestas planteadas por el propio sector, entre ellas, la posibilidad de estudiar la vacunación obligatoria como herramienta de control de la enfermedad, así como la puesta en marcha de autorizaciones excepcionales que permitan el enterramiento de cadáveres en las propias explotaciones ganaderas con el fin de reducir los movimientos asociados al transporte de animales y minimizar los riesgos de propagación del virus, “siempre, por supuesto, garantizando las condiciones sanitarias para las personas y las condiciones medioambientales”.
Lydia Benítez ha subrayado al respecto que «cualquier decisión que pueda adoptarse se hará siempre de manera consensuada y en coordinación con el sector avícola», por lo que ha afirmado que se mantendrá un contacto constante con los profesionales y empresas implicados.
La Dirección General de Ordenación Agropecuaria ha pedido máxima concienciación e implicación del sector y llevar a cabo una comunicación fluida, rápida y transparente de cualquier sospecha por leve que sea, tanto con los veterinarios habilitados, como con los servicios oficiales.
De la misma manera, ha insistido en la importancia de las medidas de bioseguridad, ya que son la «primera y más eficaz herramienta» de lucha contra este tipo de situaciones y ha hecho un llamamiento al conjunto del sector, desde la Administración hasta las explotaciones, a colaborar y tomar cuantas precauciones sean necesarias para garantizar la continuidad de las explotaciones y la seguridad sanitaria de las ganaderías.
