Las cuatro Organizaciones Profesionales Agrarias de Aragón —ARAGA, ASAJA, UAGA-COAG y UPA— manifiestan su absoluto rechazo a la orden del Gobierno de Aragón que paraliza la recolección de cereal en la Comunidad Autónoma. La medida traslada la responsabilidad de la falta de medios públicos de extinción a los productores, comprometiendo pérdidas millonarias y la viabilidad del calendario agronómico bajo un criterio de prohibición indiscriminada.
Asimismo, y pese al enfado, han querido trasladar «todo nuestro apoyo, reconocimiento y agradecimiento a losprofesionales que trabajan sin descanso para combatir los incendios forestales que están afectandoa nuestro territorio. También queremos mostrar nuestra solidaridad con las personas que estánsufriendo las consecuencias de estos incendios».
Las cuatro organizaciones han detallado los motivos de su enfado y las posibles alternativas.
DESPROPORCIÓN Y FALTA DE CRITERIO TÉCNICO TERRITORIAL
Para las organizaciones agrarias, «no existe justificación agronómica ni meteorológica para imponer una prohibición homogénea en la totalidad del territorio aragonés. Las condiciones de humedad, viento y riesgo real difieren sustancialmente entre las tres provincias y sus comarcas. Resulta paradójico que, tras una semana en alerta roja con temperaturas extremas, la paralización total se decrete precisamente en una jornada con descenso térmico contrastado en diversas zonas de la Comunidad».
El sector entiende que la administración actúa de forma reactiva condicionada por el reciente incendio de Tamarite de Litera. Sin embargo, «un accidente derivado de una chispa mecánica no puede instrumentalizarse para establecer una prohibición generalizada que castiga a miles de profesionales que operan con extremada responsabilidad en toda la geografía autonómica».
QUIEBRA DE LA SEGURIDAD JURÍDICA Y CONTRADICCIÓN NORMATIVA
Asimismo, consideran que la orden dictada vulnera el marco legal vigente que el propio Gobierno de Aragón diseñó. Tras los graves problemas de coordinación de agosto de 2025 —cuando se prohibió erróneamente el uso de toda la maquinaria agrícola—, se promulgó el Decreto 22/2026, de 11 de marzo, con el objetivo de regular con precisión estas situaciones de emergencia.
Dicho decreto «estipula con claridad que las restricciones severas a las labores de cosecha deben acotarse a las superficies agrícolas colindantes con terrenos forestales, fijando una franja de salvaguarda de 400 metros. Al extender la prohibición al conjunto del territorio, la orden incurre en una extralimitación jurídica que genera una profunda inseguridad regulatoria en el sector».
VIABILIDAD AGRONÓMICA Y AGRAVIO COMPARATIVO INTERSECTORIAL
Recuerdan que el calendario agronómico es inflexible: el cereal de invierno —trigo, cebada, centeno y triticale— se encuentra en su momento óptimo de maduración y recolección. «Paralizar la cosecha en junio y julio expone las explotaciones a riesgos meteorológicos críticos (pedrisco, tormentas estivales) y a la pérdida irreversible de calidad del grano por sobremaduración», aseguran.
Aragón gestiona aproximadamente 615.000 hectáreas de cereal de invierno, mayoritariamente en secano, que sustentan la economía de miles de familias rurales y garantizan el abastecimiento de materias primas estratégicas.
Se denuncia además «un evidente agravio comparativo: el transporte ferroviario, cuyos convoyes generan chispas de forma probada por fricción mecánica en entornos rurales, continúa operando con absoluta normalidad bajo la alerta Rojo Plus. La gestión del riesgo debe basarse en criterios de equidad y no penalizar exclusivamente al sector productor de alimentos», afirman.
PROPUESTA DE ALTERNATIVAS Y GESTIÓN DEL RIESGO CORRESPONSABLE
Finalmente, recalcan que los agricultores aragoneses somos los custodios directos del territorio y los primeros interesados en salvaguardar nuestras cosechas y nuestro patrimonio. El sector lleva años aplicando protocolos avanzados de seguridad, dotando a las cosechadoras de equipos de extinción portátiles y colaborando en la apertura de cortafuegos perimetrales.
Medida actual del Gobierno de Aragón Alternativa técnica propuesta por las OPAs
Prohibición total e indiscriminada en las tres provincias sin distinción geográfica. Sectorización comarcal del riesgo: restricciones basadas en el índice real diario de riesgo local (viento, humedad y temperatura comarcal). Extensión ilegal de perímetros: suspensión en fincas llanas a kilómetros de masa forestal. Cumplimiento estricto del Decreto 22/2026: restricción focalizada en la franja crítica de 400 metros de interfaz monte-cultivo.
Traslado de la responsabilidad por falta de medios públicos de extinción. Cosecha bajo corresponsabilidad: permitir la actividad fuera de las horas de máxima insolación (13h–18h) con tractor de apoyo obligatorio.
Reclamación de urgencia
Por todo lo expuesto, las organizaciones firmantes exigen al Gobierno de Aragón:
- La revocación y rectificación inmediata de la orden de prohibición generalizada de cosecha.
- La sustitución de la parálisis general por un modelo de restricciones proporcionadas, basadas en evidencia técnica y articuladas comarca a comarca.
- El refuerzo inmediato del dispositivo público de prevención y extinción de incendios, en lugarde criminalizar la actividad agraria esencial.
- La aplicación coherente del Decreto 22/2026, garantizando la seguridad jurídica del sector.
