El acuerdo político entre el PP y VOX para conformar un gobierno en Castilla y León contará una ‘macroconsejería’  de Agricultura en la que, a sus competencias habituales, se suma también la política ambiental, en aspectos como las autorizaciones ambientales de las distintas actividades económicas, y la gestión de la caza,  un punto, dentro del interés agrario, que tiene que ver con los daños que ocasiona la fauna silvestre: daños en cultivos, ataques a animales de abasto y transmisión de enfermedades que les son comunes

Asaja CyL ha aplaudido este nuevo organigrama, aunque deja claro que «por supuesto, esta renovada consejería tiene que llegar convenientemente dotada de los recursos humanos y económicos precisos para desarrollar las competencias que le corresponden». Respecto  a los nombramientos, ASAJA no duda, en principio, «que ambos partidos, y en particular VOX, sabrán acertar con el perfil de la persona a la que van a encomendar tan importantes responsabilidades».

En cuanto a las medidas pactadas en materia de política agraria y medio ambiente, la organización agraria asume que «en muchos casos son meras declaraciones de intenciones, parecen poco concretas, no mencionan plazos ni compromisos presupuestarios, algunas se salen de las competencias de un gobierno autonómico y hasta pueden buscar el enfrentamiento entre administraciones en vez del consenso. Por experiencia anterior, en algunas cuestiones ambos partidos políticos no opinarán lo mismo en el Congreso de los Diputados o en el Parlamento Europeo». Sin embargo, la organización agraria valora que, en materia agraria, en el documento no se hayan metido en ningún “charco”, aparentemente.

En la política impositiva, ASAJA ve con buenos ojos toda reducción de impuestos a familias y empresas, entre ellas los autónomos de la agricultura, las que puedan ser específicas del medio rural -donde viven la mayoría de los agricultores y ganaderos-, y de forma particular la promesa de “reducir impuestos en la transmisión de explotaciones agrarias y fincas rústicas” y seguir bonificando al 95% las tasas veterinarias.

ASAJA considera ambicioso el acuerdo en materia de política hidráulica, pero recuerda que las competencias recaen en la Confederación Hidrográfica del Duero, es decir, en el Gobierno de España. También suena bien preservar el suelo agrícola frente a la especulación de los fondos que promueven las energías fotovoltaicas, aunque de nuevo muchas competencias recaen en el Estado.

ASAJA de Castilla y León espera que se acorten los plazos lo más posible para que se forme Gobierno, se nombren todos los altos cargos en un plazo razonable, «y se comience a gobernar pensando en solucionar los problemas de los ciudadanos, en el caso que nos ocupa de los agricultores y ganaderos».

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