La Junta de Castilla-La Mancha ha reclamado este jueves 21 que se cumplan las sentencias sobre el trasvase Tajo-Segura, la última del Tribunal Supremo, mientras que el Gobierno de Murcia ha pedido que no se reduzca el volumen de agua trasvasada.
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha exigido que se cumplan las decisiones judiciales y se ha quejado de «estar años y años ganando sentencias» que luego no se ejecutan.
«Acabamos de ganar la más importante batalla en materia de agua después de décadas peleando en los tribunales», ha subrayado durante un acto en Valdepeñas (Ciudad Real).
García-Page ha pedido «por favor, por favor» que el Gobierno central cumpla con lo dictado por los tribunales. La Junta de Castilla-La Mancha llegó a presentar un recurso ante la Audiencia Nacional por la «inacción» del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográficoa.
MURCIA EXIGE AL GOBIERNO Y AL PSOE QUE «NO DÉN UN HACHAZO» AL TRASVASE
La directora general del Agua, María Dolores Pascual, dijo este miércoles que su departamento estaba esperando la resolución del Supremo para modificar las reglas de explotación del trasvase.
El portavoz del Gobierno de Murcia, Marcos Ortuño, ha culpado al Ejecutivo central del eventual recorte del trasvase y ha pedido que las aportaciones de agua se mantengan.
Ortuño ha exigido al delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, y al PSOE murciano que pidan a Pedro Sánchez que “no dé un hachazo» al trasvase.
«El Gobierno regional va a estar con los regantes y, por tanto, va a estar con el futuro de nuestra región», ha recalcado el portavoz autonómico.
«UN MAL DÍA» PARA LOS REGANTES DE SCRATS Y SATISFACCIÓN EN LOS RIBEREÑOS
El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, ha admitido que hoy es «un mal día» para este colectivo y ha insistido en que la reducción del trasvase es «una decisión política».
Según Jiménez, los regantes aceptan «con respeto» el fallo del Supremo aunque consideran una «injusticia» el recorte progresivo de las aportaciones hídricas. “No es un buen día, pero desánimo no hay ninguno. Seguimos al pie del cañón», ha remarcado.
En sentido contrario, la Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía se ha mostrado satisfecha con la sentencia del Supremo y ha exigido que se modifiquen ya las reglas del trasvase.
«Esta es quizá la sentencia más dura del Tribunal Supremo para el Levante. Deja una cosa absolutamente clara y es que los caudales ecológicos del Tajo son obligatorios y están por encima del trasvase», ha dicho a Efeagro el presidente de la asociación, Borja Castro.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha recalcado que el Gobierno tratará de que los caudales ecológicos mínimos sean compatibles con el regadío, ya que ambos son «absolutamente fundamentales».
