El portavoz de la Junta de Castilla y León y consejero de Economía y Hacienda en funciones, Carlos Fernández Carriedo, ha garantizado el cobro íntegro de las ayudas de la PAC a los agricultores y ganaderos de Castilla y León ante el procedimiento abierto en la justicia europea sobre cerca de 10 millones de euros de fondos agrícolas, que ha recordado que el último dictamen «Castilla y León garantiza el cobro íntegro de las ayudas de la PAC pese al litigio europeo sobre 10 millones que «no es firme ni definitivo».
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Carriedo ha recordado que el litigio deriva de una auditoría sobre la gestión de la PAC correspondiente a los años 2016 y 2017, en relación con los controles ambientales exigidos por la normativa europea y ha garantizado que las ayudas llegarán a los beneficiarios «si se produjera cualquier circunstancia».
El portavoz autonómico ha defendido que siempre ha existido un «debate» sobre la metodología aplicada y sobre la necesidad de imponer más controles y trámites administrativos a agricultores y ganaderos, una cuestión que, según ha señalado, el sector lleva tiempo cuestionando.
DEFIENDEN QUE DICTAMEN FAVORABLE A BRUSELAS «NO ES FIRME NI DEFINITIVO»
En este sentido, ha recordado que la Comisión Europea decidió excluir de financiación europea cerca de 10 millones de euros vinculados a Castilla y León, una decisión que la Junta recurrió y sobre la que el Tribunal General de la Unión Europea falló en noviembre de 2024 a favor de los intereses de la comunidad.
Sin embargo, la Comisión recurrió posteriormente ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), cuya abogada general ha emitido ahora un dictamen favorable a Bruselas, aunque Carriedo ha subrayado que esa opinión «no es firme ni definitiva».
El consejero ha insistido en que la Junta seguirá defendiendo su postura y ha aprovechado además para reivindicar una flexibilización de los requisitos vinculados al acceso a las ayudas de la PAC, dentro del debate abierto sobre las exigencias administrativas y medioambientales que impone la normativa europea.
