En respuesta, Luis Enrique Monterroso, titular de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, dijo a medios locales que "la condena histórica será asumida por el Estado".
El funcionario señaló que aunque la demanda fue promovida en contra del Gobierno anterior, la Administración actual, por medio de los programas sociales que tienen como objetivo reducir los altos niveles de pobreza, dará respuesta a las poblaciones afectadas.
En noviembre de 2011, una campaña impulsada por una coalición de organizaciones no gubernamentales presentó, en representación de cinco familias pobres de la comunidad de Camotán, en el departamento de Chiquimula (oriente), una demanda en contra del Estado por no garantizar el derecho de alimentación a que le obliga la Constitución.
Los demandantes expusieron que, debido a los niveles de pobreza extrema que padecen por la falta de oportunidades de empleo y asistencia social de parte del Gobierno, sus hijos padecen de desnutrición severa y se encontraban en peligro de muerte por la falta de alimentación.
Una sentencia "inédita" que debe llamar la atención del Gobierno
La activista humanitaria Carmen Reina dijo a Efe que la condena del Juzgado, además de ser "inédita", es un llamado de atención al Gobierno por incumplir con sus obligaciones de garantizar el bienestar de la población, principalmente la más pobre.
"Fue un litigio de año y medio, y nos basamos en la Ley de Protección de la Niñez, que obliga al Estado a garantizar el bienestar de los niños. La sentencia se encuentra firme, y si los funcionarios encargados se niegan a cumplir, la Fiscalía los deberá procesar por desacato", explicó.
La activista indicó que el caso se mantuvo "de bajo perfil" para "evitar que el Juez fuera objeto de presiones" por parte de grupos interesados en que no se resuelva este tipo de problemas estructurales.
En Guatemala, según cifras oficiales, el 52% de sus 14,5 millones de habitantes viven en condiciones de pobreza, y de estos, el 20% está en pobreza extrema, lo cual ha provocado que uno de cada dos niños menores de cinco años padezca de desnutrición crónica.
En su sentencia, el Juzgado ordenó a las instituciones del Estado encargadas de velar por el bienestar de los ciudadanos, impulsar de manera urgente acciones para atender las necesidades de la población vulnerable y garantizar el goce de sus derechos, principalmente el de la alimentación.
También les obliga a generar oportunidades de empleo, salud y educación, así como políticas públicas que doten a las comunidades de los servicios básicos.