El Tribunal Supremo, la Sala Quinta de lo Contencioso, ha desestimado por 5ª vez un recurso contra los planes de cuenca del Tajo. En esta ocasión lo había presentado la Diputación de Alicante. De esta forma el alto tribunal vuelve a avalar la aplicación de caudales ecológicos y por lo tanto, respalda el recorte en el Trasvase Tajo-Segura.
La Asociación de municipios ribereños de los embalses de Entrepeñas y Buendía ha celebrado la resolución del Tribunal Supremo y subraya que la sentencia evidencia «la utilización de las instituciones públicas que están haciendo el PP y Vox en el Levante para sostener una ofensiva política y judicial a favor del trasvase».
En un comunicado, la asociación ha valorado el fallo del Tribunal Supremo declarando inadmisible el recurso interpuesto por la Diputación de Alicante contra el Real Decreto que aprueba la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, entre ellas el Tajo.
«YA SON CINCO LAS RESOLUCIONES QUE DESARMAN, UNA TRAS OTRA, LA ESTRATEGIA DE PRESIÓN POLÍTICA DEL LEVANTE CONTRA LOS PLANES DE CUENCA DEL RÍO TAJO”
Para las localidades ribereñas, se trata de una «nueva victoria jurídica y estratégica» en defensa del Tajo, de sus caudales ecológicos y de los municipios de Entrepeñas y Buendía.
«Con esta, ya son cinco las resoluciones del Tribunal Supremo que desarman, una tras otra, la estrategia de presión política del Levante contra los planes de cuenca del río Tajo. Y la justicia vuelve a ser muy clara: el trasvase no es un derecho adquirido, no es intocable, sino un aprovechamiento que no puede pasar por encima de la salud del propio río Tajo», ha señalado el presidente de la Asociación, Borja Castro.
Los municipios denuncian que «los gobiernos e instituciones del Levante gobernados por PP y Vox están empleando administraciones públicas, recursos jurídicos y dinero de todos como herramientas de presión contra la recuperación ambiental del Tajo» y subrayan que la estrategia no responde al interés general, sino a la defensa «de un modelo agotado que pretende perpetuar el expolio de la cuenca cedente para sostener intereses económicos concretos vinculados al trasvase».
Los ribereños consideran que la sentencia refuerza la prioridad del caudal ecológico como una exigencia normativa que debe operar como restricción previa a cualquier otro uso del agua, incluido el trasvase, y ratifica que solo pueden trasvasarse aguas excedentarias y que las necesidades presentes y futuras de la cuenca del Tajo, incluidas las ambientales, deben estar garantizadas antes de cualquier derivación.