El pulso en el sector lácteo no tiene visos de solucionarse a corto plazo. La reunión de la mesa sectorial del vacuno de leche la industria no ha servido para nada, salvo para mostrar que las diferencias siguen muy distantes y las posturas muy enfrentadas por el precio de la leche en origen. De hecho, UPA cree que las industrias lácteas están constituyendo en la práctica un nuevo cártel de la leche, mientras que ASAJA acusa al Ministerio de dejar solos a los ganaderos frente a una industria láctea «que impone y no negocia». El Sindicato Labrador Galego (SLG) ha denunciado, por su parte, que los contratos «que acaban de imponerse al sector productor habían debido considerarse ilegales». La industria (FeNIL) insiste en «la pérdida de competitividad que están sufriendo».
Para el secretario general de Unións Agrarias (UUAA) UPA Galicia, Roberto García, “las industrias lácteas están constituyendo prácticamente un nuevo cártel de la leche, al imponer de forma unilateral bajadas de precios a los ganaderos, en una lógica totalmente ajena al mercado”.
García ha explicado que la bajada de precios más fuerte de los últimos veinte años coincide con un “incremento brutal” de los costes de producción, como consecuencia de la guerra en Irán. “No hay razones de mercado, hay un pacto de precios para detraer rendimientos de los ganaderos para la cuenta de resultados de la industria”, ha declarado a las puertas de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), con cuyas directivas se han reunido esta mañana.
Para el líder agrario se ha roto una “regla de oro” que ha funcionado en los últimos años entre ganaderos, industria y distribución para valorizar la leche y reducir la dependencia del mercado extranjero y para fortalecer el papel de los jóvenes en las explotaciones. Esta decisión no ha sido negociada con los ganaderos, sino que se ha impuesto de forma unilateral bajo amenaza de tener que tirar la leche.
“Estamos ante contratos ilegales, no sólo por el pacto de precios, sobre el que esperamos que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) declare nulos, sino porque no respeta la Ley de la Cadena Alimentaria y su exigencia de que no se destruya valor a lo largo de la cadena”, señalan.
LA INDUSTRIA «IMPONE Y NO NEGOCIA MIENTRAS EL MINISTERIO NOS DEJA SOLOS»
Por su parte, ASAJA denuncia que el Ministerio «se pone de perfil» en un momento crítico, mientras la industria láctea mantiene una posición de fuerza que impide cualquier negociación real. «Una vez más, la industria impone y no negocia. Y cuando alguien impone, las cosas no pueden ir bien», ha señalado Ramón Artime, presidente de la sectorial de leche de ASAJA.
Asimismo, advierte de que las nuevas propuestas de contratos incluyen bajadas de precios de entre 8 y 9 céntimos por litro, muy por encima de lo que el sector consideraba asumible. «Todos esperábamos una bajada, pero racional, de 2 o 3 céntimos. Lo que se plantea ahora es inasumible», ha subrayado Artime.
A esta situación se suma el incremento continuado de los costes de producción —energía, alimentación animal o insumos—, lo que sitúa a las explotaciones en un escenario de doble presión: ingresos a la baja y costes al alza. «Esto no lo aguanta el sector», ha advertido.
La organización también cuestiona la falta de coherencia del mercado, recordando que hace apenas unos meses se hablaba de escasez de leche en España. «No entendemos cómo hemos pasado de que faltaba leche a que ahora supuestamente sobra», ha señalado Artime, apuntando a distorsiones que deben ser analizadas y corregidas.
DESDE LOS CONTRATOS ILEGALES DEL SLG A LA POSTURA DE LA INDUSTRIA DE JUSTIFICAR SU BAJADA DE PRECIOS
Para el Sindicato Labrador Galego la reunión ha puesto de relieve «cuestiones que venimos denunciando desde hace tiempo. La primera es que estos contratos que acaban de imponerse al sector productor habían debido considerarse ilegales por el hecho de que destruyen claramente el valor y tenemos una subida de costes de producción que no se está teniendo en consideración, pues los costes y el estudio de la cadena de valor del Ministerio es del año 2023», subrayó Isabel Vilalba Seivane.
«En este mismo momento hay ganaderas y ganaderos en Galicia obligados a tirar la leche por no firmar esas condiciones abusivas, con bajadas de hasta ocho céntimos», añadió, dejando claro que la administración debe actuar de manera urgente ante esta problemática y hacer cumplir, de una vez por todas, la Ley de la Cadena Alimentaria. «Estos contratos deben ser objeto de todas estas intervenciones de la administración, tanto de la Comisión Nacional de los Comprados y de la Competencia como de la AICA -Agencia de Información y Control Alimentarios- para actuar contra estas cuestiones, que son contrarias a la Ley, como es destruir el valor, como permitir que cisternas que en su país de origen tienen un precio superior entren con precios de derribo, como se el Estado español fuera un espacio para alcantarilla para esas cisternas que de excedente de producción de otras partes de Europa», denunció.
Desde la patronal láctea Fenil, su director general, Luis Calabozo, ha incidido en la pérdida de competitividad que están sufriendo. Las industrias ponen el foco en el elevado precio medio en origen que tiene la leche en España respecto a la media europea y en la entrada masiva de lácteos (especialmente queso) de países del entorno que les está desplazando en los lineales de los supermercados.
Fenil ha asegurado que España ha adaptado la evolución de los precios de la leche «con un retraso de seis meses» respecto a los países europeos. No obstante, la patronal no se cierra a una futura renegociación de los contratos en función de la evolución de los costes que han comenzado a subir por el conflicto en Oriente Medio.


