Asturias Ganadera ha pedido la dimisión de la delegada de Gobierno, Adriana Lastra, por «su maniobra política represora contra los participantes en las protestas contra el acuerdo UE-Mercosur, a los que, desgraciadamente, las sanciones están llegando», a la vez que instan a los sindicatos convocantes de las concentraciones «que sufraguen los gastos de defensa jurídica y, en su caso, asuma el pago de las multas con el dinero que reciben del Estado».
Según la organización ganadera, tienen constancia de que ·fue una orden expresa de Delegación de Gobierno las que dictaron a las Fuerzas de Seguridad que identificaran al mayor número posible de ganaderos, entrando incluso los agentes en los bares a buscar posibles participantes después de pasadas ya las protestas».
«Es intolerable que en España ocurran actos de represión como este, intentos de amedrentar a la gente para intimidarla y meterlos en casa para que no protesten. Absolutamente intolerable. Se están utilizando métodos propios de la Dictadura franquista», aseguran en una nota de prensa.
Asimismo, critican la hipocresía del Gobierno Socialista asturiano, que asistió a la concentración anterior celebrada en Oviedo contra este tratado, con la presencia del propio consejero, Marcelino Marcos-Líndez, «y ahora calla cobardemente que su compañera de partido Adriana Lastra esté sancionando a los ganaderos que justamente siguieron las protestas contra Mercosur».
PIDEN A LOS SINDICATOS CONVOCANTES DE LAS CONCENTRACIONES QUE SUFRAGUEN LOS GASTOS DE DEFENSA JURÍDICA Y, EN SU CASO, ASUMAN EL PAGO DE LAS MULTAS”
Por eso, Asturias Ganadera solicita a los grupos parlamentarios de la Xunta Xeneral que se manifiesten públicamente en contra de esta injustas medidas represoras. Especialmente piden a Covadonga Tomé y a Ovidio Zapico, «a los que se les supone un carácter político antitético a la Ley Mordaza, que exijan la dimisión de la Delegada de Gobierno responsable de la represión. Su silencio sería cómplice de ello».
Así mismo demandan a los sindicatos convocantes de las concentraciones URA, USAGA, COAG y ASAJA que «sufraguen los gastos de defensa jurídica y, en su caso, asuman el pago de las multas aprovechando las cuantiosas aportaciones económicas del Estado a través de los impuestos de los contribuyentes. Recordamos que incluso el Sindicato URA, que en los Estatutos prohibía expresamente recibir dinero público, modificó dichos Estatutos para poder recibirlas. Y UCA, que no tuvo la decencia de convocar la protesta, debería también arrimar el hombro como sindicato que debe defender al sector agrario recibiendo cuantiosas ayudas gubernamentales para ello».
Por todo lo expuesto anteriormente exigen la dimisión inmediata de la Delegada de Gobierno Adriana Lastra «por su actitud, sus formas y su fondo antidemocráticos, al estilo del antiguo Gobernador Civil de Franco, Matéu de Ros».
