En un comunicado, esta federación incide en que ha realizado un profundo estudio del informe del Consejo de Estado, y en el se asegura, respecto al análisis que realiza este órgano sobre el objetivo de la clarificación competencial, que “el Consejo de Estado viene a refrendar la tesis mantenida por nosotros cuando señalábamos que  el texto  propuesto desconocía algunos aspectos de las Constitución y de la Jurisprudencia Constitucional, en cuanto a la garantía Institucional de la Autonomía local”. Se refiere la FEEM al hurto de facto de la capacidad de las entidades para “ordenar y gestionar una parte importante de los asuntos públicos, en el marco de la Ley”.

    Desde la FEEM destacan especialmente la previsión que realiza el Anteproyecto de suprimir aquellas entidades locales en el caso de que no cumplan las previsiones financieras. Si el Consejo de Estado reconoce que “el ahorro en el estándar de los costes de los servicios no lleva aparejada un desarrollo legal que lo justifique claramente y en ese sentido, no es coherente; mucho menos lo es, aunque no se cite expresamente por parte del Consejo de Estado, justificar la supresión de las entidades locales en ese estándar ya inválido”.

    También destaca la Federación el aporte que realiza el Consejo respecto al objetivo de racionalización institucional, donde alude a un debilitamiento de la administración local, de representación directa de la ciudadanía y a un fortalecimiento de las diputaciones que no dejan de ser administraciones de representación indirecta; hecho que resulta “incomprensible y arbitrario”, según apunta Antonio Martín.

    Como conclusión, la FEEM, asegura que “los argumentos esenciales que sostenían el Anteproyecto han quedado claramente invalidados por el informe del Consejo de Estado; y por ello, tenemos que reiterar al Gobierno que escuche a las entidades locales autónomas, y que incluya nuestras aportaciones, como hemos venido solicitando que haga en cada uno de los ocho borradores presentados hasta el momento: que se definan nuestras competencias y nuestra financiación para hacer frente a ellas y que se deje claro que nuestra existencia no supone un coste extra”.

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