La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (AG) ha presentado este martes 17 el informe La agricultura de carbono en España: oportunidades, riesgos y propuestas desde la perspectiva profesional y social, un análisis exhaustivo sobre el papel del sector agroalimentario en la lucha contra el cambio climático. La conclusión es tan clara como provocadora: «el agricultor español lleva generaciones siendo el mayor aliado del clima y nadie le ha compensado por ello». Y lanza una clara advertencia: “España tiene dos años para evitar que Wall Street se adueñe del carbono de sus campos»
LAS CIFRAS QUE CAMBIAN EL RELATO
| 310 MtCO₂ | de absorciones que la UE exige a los suelos europeos en 2030. Sin la agricultura, imposible. |
| 2 millones hectáreas | de tierras en España bajo agricultura de conservación que ya están capturando carbono, sin certificar. |
| 0,5 tC/ha/año | de carbono adicional que acumula un viñedo o un olivar con cubierta vegetal, según datos del IFAPA. |
| 4.000 empresas | españolas obligadas desde 2026 a medir su huella de carbono y que necesitarán compensarla. |
EL AGRICULTOR QUE YA HACE LO QUE EUROPA ACABA DE REGULAR
En diciembre de 2024 entró en vigor el Reglamento (UE) 2024/3012, la primera norma europea que crea un marco de certificación voluntaria para las absorciones de carbono en la agricultura. Bruselas tardó décadas en reconocer lo que COAG lleva tiempo defendiendo: los suelos agrícolas bien gestionados son sumideros de CO₂, no sólo fuentes de emisiones.
El informe de COAG revela una paradoja estructural: la agricultura española practica ya, sin cobrar, buena parte de las técnicas que el nuevo reglamento europeo pretende incentivar y certificar. El pastoreo extensivo en dehesa, las cubiertas vegetales en viñedo y olivar, la incorporación de restos de poda al suelo, las rotaciones tradicionales de cereal y leguminosa… son prácticas enraizadas en el saber agronómico de generaciones que han contribuido a mantener e incrementar el carbono orgánico del suelo sin que este esfuerzo haya sido nunca reconocido ni remunerado.
Los suelos agrícolas almacenan entre 1.500 y 2.400 gigatoneladas de carbono orgánico, según el IPCC — más que toda la atmósfera terrestre. En España, los ecosistemas agrarios mediterráneos, con sus suelos degradados por el clima y la historia, tienen además un alto potencial teórico de secuestro incremental si se aplican las prácticas adecuadas.
«La función de sumidero del sector agrario es un bien público que debe ser remunerado con garantías públicas. El mercado privado puede ser un complemento, pero nunca el único mecanismo», señalan desde la organización agraria
OPORTUNIDAD Y TRAMPA: LO QUE ESCONDE EL MERCADO DE CARBONO
El informe de COAG no es un alegato ingenuo a favor de los mercados de carbono. Es, sobre todo, una advertencia sobre sus riesgos si no se diseñan correctamente.
La principal amenaza que identifica la organización es la financiarización de la tierra agraria. Si los mercados de carbono permiten que fondos de inversión adquieran grandes superficies de secano para plantar cubiertas vegetales certificadas sin producción alimentaria real, el modelo social y profesional de agricultura quedaría directamente amenazado: más presión sobre el precio de la tierra, más concentración de la propiedad, más agricultores expulsados del sistema.
A esta amenaza se suma la exclusión estructural de las explotaciones familiares. Los costes de auditoría, medición y certificación generan economías de escala que benefician a las grandes explotaciones y penalizan a las pequeñas. “Una familia con 20 hectáreas de olivar en Jaén o 10 hectáreas de viña en la Rioja no puede asumir los mismos costes de certificación que una sociedad de inversión con 5.000 hectáreas de cereal en Castilla”, ha subrayado Manuel Linares, co-autor del informe y responsable de la oficina de COAG en Bruselas.
LAS PROPUESTAS DE COAG: 19 MEDIDAS CONCRETAS
Frente a estos riesgos, COAG no opta por el rechazo. Opta por la exigencia de condiciones claras. El informe formula 19 propuestas articuladas en seis ejes:
- Certificación grupal operativa a través de cooperativas, con costes proporcionados a la dimensión de la explotación.
- Compatibilidad entre los eco-esquemas de la PAC y la generación de créditos de carbono: el eco-esquema remunera la práctica; el crédito remunera el resultado. No es doble cobro.
- Vinculación de la certificación de carbono al agricultor activo: los fondos de inversión sin actividad agraria real quedan fuera.
- Fondos de garantía colectivos que absorban el riesgo climático de reversión, sin penalizar al agricultor por una sequía o una DANA.
- Creación de una autoridad nacional de coordinación que integre MAPA, MITECO y Comunidades Autónomas.
- Líneas base normalizadas que reconozcan y remuneren a quienes ya gestionan bien sus suelos, no solo a quienes transitan desde prácticas degradativas.
Y COAG alerta: a marzo de 2026, la Comisión Europea todavía no ha aprobado las metodologías de certificación específicas para la agricultura. Ese vacío lo están ocupando ya plataformas privadas y fondos de inversión que imponen sus propias condiciones a los agricultores.
FOCO TERRITORIAL: LA RIOJA
En La Rioja, con más de 47.000 hectáreas de viñedo y 12.500 de frutales, la agricultura de carbono no es un concepto abstracto. Es la realidad cotidiana de miles de viticultores que, con o sin incentivos, mantienen cubiertas vegetales en las calles de sus viñas, incorporan los restos de poda al suelo y trabajan bajo una lógica de respeto agronómico que tiene consecuencias climáticas concretas y medibles.
El informe de COAG recoge evidencia científica del Instituto de Investigación y Formación Agraria (IFAPA) y la Universidad de Córdoba que resulta determinante para La Rioja:
La ciencia establece que una hectárea con cubierta vegetal puede fijar entre 0,1 y 0,5 toneladas de carbono al año según cómo se gestione. Aplicado a las 59.500 hectáreas de viñedo y frutales de La Rioja, eso supone entre 22.000 y 109.000 toneladas de CO₂ equivalente al año ( el equivalente a sacar de la carretera entre 4.800 y 23.700 coches). La horquilla es amplia porque el resultado depende directamente del trabajo del agricultor. “Una cifra que hoy permanece invisible por la ausencia de un sistema de certificación adaptado, accesible y justo para sus agricultores”, ha apuntado Linares.
El informe señala también proyectos piloto de producción de biochar a partir de restos de poda de viñedo. Este material carbonoso, obtenido mediante pirólisis de los sarmientos y aplicado al suelo, constituye una forma de carbono altamente estable con tiempos de residencia estimados de cientos a miles de años — lo que lo convierte en uno de los métodos de secuestro más duraderos de los disponibles para la agricultura mediterránea.
EL PROBLEMA ESPECÍFICO DEL VITICULTOR y FRUTICULTOR RIOJANO
La estructura del sector vitivinícola riojano refleja con exactitud el dilema que COAG describe a escala nacional. La explotación media en La Rioja es pequeña, familiar, y carece de los recursos técnicos y financieros para asumir individualmente los costes de certificación de carbono. Sin embargo, a través de sus cooperativas y de la estructura organizativa de la Denominación de Origen, el sector tiene una capacidad colectiva que pocos territorios españoles igualan.
Esta es precisamente la oportunidad que COAG señala: las denominaciones de origen, las bodegas con compromisos de sostenibilidad y las cooperativas vitivinícolas riojanas están posicionadas para actuar como operadores grupales en el sistema de certificación europeo, mutualizando costes y distribuyendo los ingresos entre sus socios viticultores. Bodegas de referencia de la región ya han dado pasos en esta dirección con iniciativas de sostenibilidad y huella de carbono que podrían integrarse en el futuro marco regulatorio.
LA DOBLE OPORTUNIDAD: ADAPTACIÓN AL CLIMA Y COMPETITIVIDAD
La Rioja es también una de las regiones españolas más expuestas a los efectos del cambio climático sobre la viticultura: aumento de temperaturas, irregularidad de precipitaciones, adelanto del ciclo fenológico, mayor presión de plagas. Las mismas prácticas de manejo que incrementan el carbono orgánico del suelo — cubiertas vegetales, incorporación de materia orgánica, reducción del laboreo — son también las que mejoran la capacidad de retención de agua del suelo y la resiliencia de la viña ante el estrés hídrico.
La agricultura de carbono no es aquí una carga añadida para el viticultor. Es, cuando está bien diseñada, una herramienta de adaptación climática que puede generar ingresos complementarios mientras mejora la salud del suelo y la resiliencia del cultivo. La clave está en que el sistema de certificación reconozca las prácticas ya arraigadas en el territorio riojano, no que exija cambios drásticos que comprometan la producción.
COAG exige que las metodologías europeas de certificación incluyan expresamente las prácticas mediterráneas de viñedo y frutales (cubiertas vegetales, triturado de poda, biochar) y que no queden reducidas a modelos pensados para los grandes cereales del norte de Europa.
COAG defiende que la función de sumidero de carbono de los viñedos, olivares, dehesas y cultivos extensivos españoles es un bien público que debe ser remunerado por los poderes públicos, y no sólo por el mercado privado. La organización exige que el desarrollo reglamentario del Reglamento (UE) 2024/3012 se haga con participación efectiva de las organizaciones agrarias, que las metodologías se adapten a la realidad mediterránea y que el sistema de certificación grupal esté operativo y sea accesible para las cooperativas y las pequeñas explotaciones familiares.
«Llevamos décadas cuidando el suelo, fijando carbono y prestando servicios climáticos que ahora Europa empieza a regular. El reconocimiento ha llegado tarde. Pero lo que no admitiremos es que el sistema se diseñe para que los grandes fondos de inversión se queden con el negocio y los agricultores se queden con el riesgo», ha puntualizado el presidente de UAGR-COAG La Rioja, Óscar Salazar.
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