Asaja CyL ha agradecido a la Junta de Castilla y León la declaración de excepcionalidad de la campaña agrícola 2025-2026 por fenómenos meteorológicos adversos registrados desde el paso mes de noviembre, aprobada ayer por el Consejo de Gobierno. Sin embargo, insta a la Consejería de Alianza UPA-COAG Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural a aprobar las medidas que se pondrán en marcha para cubrir pérdidas y, lo más urgente, concretar qué requisitos de la PAC se flexibilizarán para que los agricultores puedan decidir las siembras que afrontarán los próximos meses, y eviten así consecuencias negativas para su explotación.
ASAJA recuerda que el sector está afrontando una campaña muy complicada, que arrastra superficie que no pudo trabajarse para las siembras de invierno, y también tierras en las que los agricultores no han podido entrar para preparar las siembras de primavera, como los cultivos de regadío, además de producciones todavía pendientes de recoger, como remolacha, maíz y patata, en tierras que seguramente no podrán ya sembrarse.
Es por tanto esencial que en pocos días se conozcan los requisitos que se flexibilizarán para que los agricultores concluyan sus planes de siembra, dado que, en cuanto paren las lluvias y sequen las parcelas, el trabajo va a ser incesante.
La declaración de excepcionalidad de la actual campaña agrícola se produce tras los continuos episodios de lluvia registrados desde noviembre, que todavía no han concluido, y que han provocado efectos directos sobre las fincas de cultivo como la saturación del suelo; la imposibilidad de que la maquinaría pueda entrar en las parcelas; dificultadas para la realización de siembras, abonados y tratamientos; incremento del riesgo de compactación, o mayor incidencia de asfixia radicular, entre otros.
La declaración formal es un primer paso para la adopción de medidas acordes a las necesidades del sector agrario. De este modo, será posible implementar diversas acciones frente a los perjuicios y daños ocasionados por episodios de lluvias. Entre ellas, el establecimiento de excepciones al cumplimiento de los requisitos de la PAC, pero también ayudas directas a las explotaciones que hayan sufrido pérdidas.