Unión de Uniones, tras asistir a la reunión de la sectorial convocada por el Ministerio, sigue considerando que el denominado ‘Paquete Vino’ incluye medidas necesarias, pero no suficientes para dar respuesta a la situación que atraviesa el sector.. La organización reclama cambios de calado, como el arranque social del viñedo, y una financiación adecuada que permitan garantizar la rentabilidad de las explotaciones y facilitar el relevo generacional.
Unión de Uniones insiste en la necesidad de poner en marcha un arranque social del viñedo como medida de crisis, dirigido a viticultores que abandonan definitivamente la actividad por falta de relevo generacional. La organización subraya que esta actuación debe financiarse con fondos europeos extraordinarios no a costa del sobre nacional de la Intervención Sectorial Vitivinícola (ISV), cuya obligatoriedad futura, además, no está garantizada.
Asimismo defiende la creación de un procedimiento específico de arranque, vinculado al abandono definitivo de la actividad, como la opción más adecuada para afrontar una crisis que tiene un carácter claramente estructural en muchas zonas productoras.
La organización reclama también que se permita trasvasar los fondos no utilizados de la ficha financiera de la ISV de un ejercicio a otro, así como entre distintas intervenciones, para evitar que se pierdan recursos y poder aprovechar plenamente los más de 202 millones de euros anuales disponibles en cada campaña.
EN PLENO PROCESO DE NEGOCIACIÓN DEL MARCO FINANCIERO PLURIANUAL (MFP), UNIÓN DE UNIONES ESTÁ EN CONTRA DE LA RENACIONALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS VITIVINÍCOLAS
Unión de Uniones insiste en que no habrá relevo generacional sin rentabilidad, y reclama la necesidad de que las medidas de crisis cuenten con una financiación clara y suficiente, que garantice que los recursos llegan al sector.
En pleno proceso de negociación del Marco Financiero Plurianual (MFP), Unión de Uniones está en contra de la renacionalización de las políticas vitivinícolas que es el objetivo que subyace en diversas modificaciones reglamentarias. En este sentido, considera que relegar las medidas de la actual ISV a un mero apartado dentro de la lista de medidas de apoyo a la renta que los países miembros podrán otorgar desde el fondo general de la PAC, es un error estratégico que el sector no se puede permitir.
La organización explica que el sector del vino se enfrenta a un escenario marcado por la incertidumbre sobre la futura PAC 2028-2034, el impacto de los acuerdos comerciales, una carga burocrática creciente que frena la inversión y pone en riesgo la continuidad de muchas explotaciones vitícolas, y sobre todo un descenso continuado de la demanda, tanto en el consumo interno como en las exportaciones.
«Es importante que todas las medidas se planifiquen junto con el sector que está al día de todos los problemas que surgen», comentan desde la organización. «Simplificar los trámites y flexibilizar plazos para la reconversión o aumentar la intensidad de las ayudas para vendimia en verde, son algunas propuestas que hemos hecho. Creemos que hay presupuesto para impulsar un sector estratégico para el país», añaden.