La Consejería andaluza de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural prevé destinar 4,6 millones de euros a una nueva línea de ayudas para respaldar la contratación de técnicos de campo por parte de las Agrupaciones de Producción Integrada (API) de olivar de Andalucía durante los años 2026 y 2027.
Esta iniciativa tiene como objetivo principal fomentar que se continúe apostando por la Producción Integrada en las fincas olivareras andaluzas ya que actualmente, más de cien Agrupaciones de Producción Integrada de Andalucía tienen entre sus socios a profesionales del sector del olivar, por lo que disponen de servicios técnicos específicamente formados en el manejo agronómico de este cultivo.
Además de las nuevas ayudas, la Consejería de Agricultura está avanzando en la elaboración del nuevo Reglamento Específico de Producción Integrada de Olivar, cuyo período de información pública ha comenzado esta semana y permanecerá abierto hasta el día 20 de febrero.
Según el comunicado remitido por la Junta de Andalucía, la normativa, que sustituirá al reglamento actualmente en vigor, busca actualizar este Reglamento para adaptarlo a la realidad actual del olivar, un cultivo afectado por el cambio climático, el desarrollo tecnológico de los últimos años y la evolución que han experimentado tanto el diseño de las explotaciones como las técnicas de cultivo.
La Administración autonómica recuerda que “la Producción Integrada es un sistema de producción de alimentos que utiliza al máximo los recursos y los mecanismos de producción naturales y asegura a largo plazo una agricultura sostenible, introduciendo en ella métodos biológicos y químicos de control, y otras técnicas que compatibilicen las exigencias de la sociedad, la protección del medio ambiente y la productividad agrícola.”
Para poder certificarse como Producción Integrada, los agricultores deben cumplir con los requisitos establecidos en las normas generales de esta actividad y, además, respetar las exigencias específicas recogidas en los Reglamentos Específicos de cada cultivo o grupo de cultivos, en su caso.
Estos reglamentos específicos recogen criterios de diversos ámbitos entre los que se encuentran tanto el compromiso social, haciendo hincapié en las condiciones laborales y la formación de los trabajadores, por ejemplo; como el compromiso ambiental, patente tanto en exigencias ligadas a aspectos agronómicos como en la apuesta por la protección de los recursos naturales o la eficiencia energética y la disponibilidad de un servicio técnico entre otras cuestiones.
Además, para certificarse como Producción Integrada deben cumplirse determinados criterios ligados a las instalaciones y equipos, manejo del suelo, gestión de nutrientes, poda, riego, control integrado de plagas, protección medioambiental, economía circular y calidad y seguridad alimentaria.