ALIENTE en Guadalajara / Alianza Energía y Territorio
Estimado Sr. Presidente:
Agradecemos la respuesta remitida por la Consejería de Desarrollo Sostenible en su nombre. No obstante, debemos señalar con claridad que dicha contestación no solo elude las cuestiones centrales planteadas, sino que contiene afirmaciones que no se sostienen a la luz de los datos oficiales disponibles.
La afirmación de que las renovables han generado “3.500 empleos inducidos” carece de rigor si no se distingue entre empleo temporal y empleo estable. El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) reconoce que “la mayor parte del empleo asociado a grandes instalaciones renovables se concentra en la fase de construcción y tiene carácter temporal” (IDAE, Impacto socioeconómico de las energías renovables, 2023). Diversos estudios sitúan el empleo permanente por planta en uno o dos puestos de trabajo y, además, el Banco de España advierte de que “una gran parte de los beneficios del empleo se acumulan fuera de los municipios donde se realizan las inversiones” (Banco de España, Do Renewables Create Local Jobs?, 2023), lo que explica que estos proyectos no frenen la despoblación, como confirman los datos del INE entre 2015 y 2024 en municipios con alta densidad de instalaciones.
Se sostiene que los procedimientos protegen los suelos agrícolas, las masas forestales y los espacios de alta biodiversidad, pero basta un solo ejemplo para desmentirlo: el polígono fotovoltaico CANES I, de la empresa GR SOLAR 2020 SL, en Almoguera (Guadalajara), se ha construido de forma claramente dañina en una zona única y de especial relevancia para las aves esteparias del centro de la península ibérica, tal como acredita un estudio del CSIC que fue ignorado en la declaración de impacto ambiental favorable, pese a haber sido aportado y señalado en las alegaciones del trámite de información pública.
Por otra parte, insistir en que solo el “0,18 % del territorio” está ocupado por instalaciones fotovoltaicas constituye una forma de minimizar artificialmente el impacto real. La Agencia Europea de Medio Ambiente advierte de que “los impactos de las energías renovables dependen en gran medida de su localización y de la concentración espacial de los proyectos, más que de su extensión total” (EEA, Renewable energy and land use in Europe, 2022). Es decir, el problema no es el porcentaje regional, sino la acumulación de megaproyectos en comarcas rurales concretas, como está ocurriendo en amplias zonas de Castilla-La Mancha y en concreto en Guadalajara.
Respecto al hidrógeno verde, la respuesta institucional omite deliberadamente el contexto europeo. El Tribunal de Cuentas Europeo advierte de que “la mayoría de los proyectos de hidrógeno renovable en la UE dependen fuertemente de subvenciones públicas y presentan una viabilidad económica incierta” (Informe Especial 11/2024). En la misma línea, el Parlamento Europeo señala que “el elevado consumo energético y de agua del hidrógeno verde plantea serios desafíos en regiones con estrés hídrico” (Resolución del Parlamento Europeo, julio de 2023). Resulta especialmente preocupante impulsar este tipo de industria en una región cuyo propio Plan Hidrológico reconoce limitaciones estructurales de agua.
Tampoco se aporta un solo dato sobre el consumo hídrico de centros de datos, plantas de biogás o industrias asociadas. La Comisión Europea advierte explícitamente de que “los centros de datos pueden ejercer una presión significativa sobre los recursos hídricos locales y deben evitarse en zonas con escasez de agua” (European Commission, Shaping Europe’s Digital Future, 2022). Sin embargo, esta variable clave desaparece por completo de su respuesta.
Asimismo, se ignoran los impactos sobre la salud, la calidad del aire y la vida cotidiana. El Ministerio de Sanidad reconoce que “la exposición continuada a emisiones atmosféricas procedentes de actividades industriales está asociada a un aumento de patologías respiratorias” (Ministerio de Sanidad, Evaluación del impacto de la contaminación atmosférica, 2023). Estas afecciones ya están siendo denunciadas por vecinos de municipios donde operan macroinstalaciones de biogás y otras industrias.
Resulta igualmente llamativo que no se responda a ninguna de las alternativas planteadas. La Comisión Europea establece que “las comunidades energéticas locales son una herramienta clave para garantizar una transición justa, con beneficios económicos y sociales directos para la población local” (Directiva (UE) 2018/2001). Del mismo modo, la propia Comisión subraya la necesidad de priorizar “superficies artificializadas y corredores de infraestructuras existentes para el despliegue fotovoltaico” (Joint Research Centre, Solar energy in transport infrastructure, 2021).
Finalmente, queremos recordar que cumplir procedimientos administrativos no equivale a proteger el interés general. El Defensor del Pueblo ha señalado que “la evaluación ambiental no puede convertirse en un mero trámite formal desligado de la percepción social y de los impactos acumulativos reales” (Informe Anual, 2022).
Seguimos esperando una respuesta política —no administrativa— que explique por qué se prioriza un modelo centralizado, intensivo y corporativo, mientras se ignoran soluciones descentralizadas que sí fijan población, generan empleo local y preservan el territorio.
Los pueblos no necesitan propaganda. Necesitan políticas que se noten en su día a día.
Atentamente, ALIENTE en Guadalajara