ASAJA Andalucía ha analizado en detalle el proyecto de Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2026, con especial atención a las partidas destinadas a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Agua y Desarrollo Rural y a la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, por ser ambas decisivas para el presente
y futuro del sector agrario, ganadero y forestal andaluz. Y entre sus conclusiones, aunque valora el esfuerzo inversor, reclama a la Junta la creación urgente de un fondo permanente de crisis ante el aumento anual de plagas y enfermedades

En su análisis, ASAJA-Andalucía reconoce el esfuerzo realizado en materia de inversión agraria, especialmente en agua, modernización y apoyo a los jóvenes, pero insiste en que el presupuesto 2026 debe acompañarse de agilidad administrativa, estabilidad en las ayudas y una estructura financiera permanente que permita afrontar crisis cada vez más frecuentes y severas.

El director general de ASAJA-Andalucía, Félix García de Leyaristy, que ha comparecido este martes 18 ante
la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento de Andalucía para analizar el proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2026, ha puesto de manifiesto que “las plagas y enfermedades ya no son episodios puntuales: se repiten cada año y comprometen la continuidad de muchas explotaciones”; por lo que ha instado a la Junta de Andalucía a contar con “un fondo estable y dotado, no soluciones improvisadas”.

La organización agraria valora que la Consejería de Agricultura vuelva a ser, un año más, la que mayor esfuerzo inversor concentra en el conjunto del presupuesto andaluz. Para 2026 gestionará 1.915,9 millones de euros, un 1% más que en 2025, y 1.519 millones corresponden exclusivamente a inversiones, lo que supone el 23,7% del total inversor de la Junta. (Unas cifras que contrastan con las de UPA Andalucía, que critica que descienden un 5,8%)

“El hecho de que casi uno de cada cuatro euros de inversión de toda la Junta recaiga en Agricultura demuestra el peso real del sector en Andalucía y la prioridad que representa para el Gobierno autonómico”, destaca ASAJA-Andalucía.

Dentro de estas inversiones, las políticas de agua –clave para la viabilidad de miles de explotaciones– vuelven a ser las más relevantes, con 801 millones de euros, de los cuales 655 millones corresponden a actuaciones directas en materia hídrica y 136 millones a modernización de regadíos y aguas regeneradas.

ASAJA-Andalucía subraya también la importancia del refuerzo presupuestario de líneas estratégicas como son: la ayuda a jóvenes agricultores, con 97,5 millones y 2.166 nuevas incorporaciones previstas; la modernización de explotaciones, con 30,2 millones; la sanidad animal, con 24,9 millones; los seguros agrarios, con 16,6 millones, y ya con el nuevo sistema de descuento automático en la contratación, una reivindicación histórica de ASAJA; la industria agroalimentaria, con 129 millones, incluyendo más de 4 millones para apoyo a la promoción exterior del sector.

La organización recuerda que en 2026 se contemplan 22,5 millones en ayudas excepcionales por daños en viñedo, olivar, pimiento y ganadería ovina y caprina, pero advierte que “estas ayudas ya no pueden seguir concibiéndose como excepcionales”.

LA CRUZ PARA LA CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD

Frente al avance de Agricultura, ASAJA-Andalucía muestra su preocupación por la caída del 18,5% en los fondos disponibles para la Consejería de Sostenibilidad respecto a 2025, tras agotarse el marco financiero anterior.

El recorte afecta especialmente al Programa 4.4.E de Gestión Forestal y Biodiversidad, que pierde 39% de su financiación, quedándose en apenas 33,4 millones para la gestión sostenible de los montes, la prevención de incendios y la lucha contra plagas forestales.

Felix García de Leyaristy advierte que esta reducción coincide con un contexto de incremento histórico de incendios, plagas y enfermedades en montes públicos y privados y recuerda que “sin inversiones estables en tratamientos selvícolas preventivos, el deterioro del medio forestal será cada vez más grave y más costoso de revertir”.

Asimismo, la organización reclama que el aumento de fondos en Prevención y Calidad Ambiental (+15%) se traduzca en una verdadera agilización de los procedimientos administrativos, especialmente en autorizaciones ambientales unificadas y evaluaciones ambientales, “cuya lentitud genera bloqueo e inseguridad jurídica”.