Como ya ocurrió en la Comisión de Agricultura de la Eurocámara, el pasado mes de septiembre, el pleno del Parlamento Europeo ha aprobado modificar las normas sobre la organización común de los mercados de productos agrícolas (OCM única) que reforzarán la posición de agricultores y ganaderos en la cadena alimentaria y que recoge el blindaje de los contratos por escrito en el campo.

La medidas principales de esta reforma serán el aumento del uso de contratos por escrito, la integración de indicadores económicos objetivos y el refuerzo del papel y el peso de las organizaciones de productores. Todo ello tiene como objetivo avanzar en la consecución de precios justos en toda la Unión Europea para las explotaciones agrícolas y ganaderas.

La reforma ampliará la contractualización, respetando las diferentes situaciones de los Estados miembros y las especificidades de cada sector, y blinda especialmente al sector lácteo. También se refuerza el papel de las organizaciones de productores en la planificación de la producción y la comercialización de los productos. Igualmente, se mejorará la gestión de crisis de mercado y la información al consumidor.

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha calificado de “logro histórico” una reforma que, en la práctica, extiende la estructura de la Ley española de la Cadena Alimentaria, que ahora cobra magnitud europea y mejorará el equilibrio de la cadena en todo el continente.

Asimismo, UPA ha hecho un llamamiento a las organizaciones de ámbito europeo que conforman el Copa-Cogeca «a no olvidar nunca a quien deben representar: los millones de familias de agricultores y ganaderos que necesitan, por encima de todo, unas reglas del juego seguras y unos precios justos para sus productos”.

ENFADO EN COOPERATIVAS YA QUE NO RECONOCE TOTALMENTE SU ESPECIFIDAD Y LES OBLIGA ACTUAR CON SUS SOCIOS COMO SI FUERA UNA EMPRESA MÁS

Aunque el Parlamento prevé que los Estados miembros puedan establecer excepciones —quizás demasiadas— y la situación en España no se vea afectada de forma directa, dado que la Ley de la Cadena Alimentaria española es más rigurosa, Cooperativas Agroalimentarias de España considera que esta disposición supone un paso adelante por el blindaje de los contratos por escrito, aunque muestra su preocupación por la posible afectación al modelo cooperativo.

La medida contribuirá a reforzar las reglas del mercado único, destino de aproximadamente el 70% de las exportaciones agroalimentarias españolas, y facilitará una mayor armonización normativa, reduciendo costes, barreras burocráticas y posibles conflictos comerciales entre operadores de distintos Estados miembros.

En materia de contratación, Cooperativas Agro-alimentarias de España lamenta que el Parlamento Europeo haya rechazado las enmiendas propuestas en el Pleno sobre la excepción total de la contratación de las cooperativas con sus socios, y haya aprobado que las cooperativas deban incorporar en sus estatutos disposiciones con objetivos similares a los contratos de compraventa privados en su relación con los socios.

Cooperativas rechaza firmemente esta medida, «ya que la relación socio–cooperativa no puede considerarse una relación comercial, sino societaria y mutualista. Imponer obligaciones contractuales entre el socio y su cooperativa atentaría contra los principios básicos del cooperativismo, incrementaría la burocracia y los costes de gestión, y supondría un retroceso en el reconocimiento institucional de estas entidades», aseguran en una nota de prensa.

Esta disposición, en su opinión, además, contradice múltiples informes y declaraciones del Consejo, Parlamento y Comisión Europea que reconocen y apoyan el papel de las cooperativas, como la Comunicación de la Comisión sobre el futuro de la agricultura (febrero 2025), o el Informe del Consejo sobre bioeconomía (2024) o los informes del Parlamento Europeo sobre jóvenes y zonas rurales. Sin embargo, lo aprobado por el Parlamento Europeo es más flexible para las cooperativas que la posición del Consejo al respecto.