Unión Extremadura ha mostrado su enfado porque la Consejería de Agricultura discrimina a alrededor de 660 cereceros en la resolución de las ayudas por las pérdidas en la primavera del 2024, a la vez que denuncian que se trata de productores que no comercializan a través de OPFHs.
El 4 de junio de 2025 se publicaba el Decreto-ley 3/2025 por el que se aprobaban ayudas a las explotaciones de ovino que el año pasado sufrieron unas pérdidas de más del 30% de la producción a causa de la lengua azul y para las explotaciones de cerezas que sufrieron estas mismas pérdidas a causa de las lluvias en la primavera del año 2024.
Estas ayudas se encuadraban en lo establecido en el Reglamento (UE) 2024/3242 que estipulaban que dichas ayudas tenían que estar resueltas como máximo al 30 de junio y desembolsadas antes del 31 de diciembre.
La Junta de Extremadura ha pagado, a primero de julio, una remesa de ayudas a la totalidad de los productores de ovino afectados y a una parte de los productores de cerezas, «pero en cambio hay alrededor de 660 agricultores afectados que ni se les ha pagado ni se les ha resuelto los expedientes», según denuncia la organización agraria.
Consultada la administración por este incumplimiento del Reglamento Comunitario, «se escudan en el exceso de trabajo que supone la revisión de la documentación aportada por los beneficiarios y que no ha dado tiempo a resolver».
Curiosamente, según Unión Extremadura, «el colectivo discriminado son aquellos productores que no comercializan a través de OPFHs, parece como si la Junta de Extremadura quisiera penalizar este hecho».
Asimismo, lamentan que «parece claro que unas ayudas para paliar en parte las pérdidas producidas en la primavera del año 2024, el que se retrasen al invierno del 2025, dice bastante de la capacidad de gestión de esta Consejería.
Por ello, la Unión ha solicitado a la Consejería de Agricultura «la resolución inmediata de estas ayudas y denunciamos la discriminación que sufre este colectivo por parte de la administración regional. Aparte del incumplimiento de la normativa de la UE».