Algo más de 200 tractores y centenares de personas han participado este miércoles 6 en una manifestación para denunciar la “persecución” al sector agrario por el uso del agua de las masas de agua subterráneas y las «inspecciones desproporcionadas» que a su juicio padecen y han alertado del riesgo de tener que afrontar «un futuro sin agua».

Durante la manifestación, convocada por la plataforma «Sin agua no habrá vida» y que ha recorrido las calles de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real), los participantes han lucido pancartas con lemas como ‘La agricultura sin agua se muere. Sí a la creación de empleo, no a la persecución y al acoso’ y han coreado frases como ‘Somos agricultores, no delincuentes’.

Así, en declaraciones a los medios de comunicación, el portavoz de la plataforma, Francisco Florencio Álvarez, ha asegurado que el campo “está siendo criminalizado” y que los agricultores “están siendo tratados como delincuentes por el simple hecho de intentar vivir de su trabajo”.

Álvarez ha denunciado las «inspecciones desproporcionadas» en explotaciones agrarias que han realizado en algunos casos la Unidad de Policía Judicial del Servicio de Protección de la Naturaleza ( Seprona) de la Guardia Civil, dependiente de la Fiscalía de Medio Ambiente, algo que ha calificado de “inédito y desproporcionado”.

“Durante la pandemia fuimos nosotros quienes desinfectábamos los pueblos y alimentábamos a la población, y hoy nos persiguen”, ha lamentado Álvarez, que ha denunciado también “la desigualdad en el acceso y uso del agua a nivel nacional” y ha pedido que se haga público el “marco de actuaciones prioritarias para salvar el Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel”, elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica y del que ha dicho que “la Junta tiene conocimiento”.

Asimismo, ha reclamado el cumplimiento de la Ley del Agua y los compromisos del Plan Hidrológico que contemplan la llegada de 20 hectómetros cúbicos para Las Tablas y 30 para consumo humano a través de la tubería manchega.

“Han pasado más de 20 años sin que se cumpla la ley y no hay consecuencias para la Administración, pero sí para los agricultores”, ha rechazado Álvarez.

RECLAMAN LA LEGALIZACIÓN DE LOS POZOS

En el acto también ha intervenido la alcaldesa de Villarrubia de los Ojos, Encarnación Medina, quien ha señalado que no están a favor de ilegalidades, pero sí de que las administraciones “cumplan sus promesas”.

“Hace tres años, el secretario de Estado Hugo Morán prometió ayudas millonarias para legalizar pozos, y seguimos esperando”, ha dicho Medina, que ha reclamado agilidad en los trámites y apoyo real al sector.

Desde el ámbito cooperativo, Julio Baeza Gómez, portavoz del Grupo del Agua de Cooperativas Agro-alimentarias de Castilla-La Mancha, ha denunciado que los agricultores están siendo “perseguidos por producir alimentos”.

“Se están usando recursos públicos para investigarnos como si fuéramos delincuentes, cuando lo único que hacemos es trabajar la tierra para que haya alimentos y a un precio razonable para el consumidor”, ha apuntado Baeza, que además ha pedido un estudio real sobre el estado del acuífero, pues ha defendido que “sí hay agua”.

“El problema es que no se gestiona. Cuando llueve y se llenan Las Tablas, todo va bien, pero luego se secan. Hay que traer agua, canalizarla y almacenarla. El agua no solo se bebe, también se come, porque con agua se produce alimento”, ha sentenciado.

El presidente de ASAJA Castilla-La Mancha, José María Fresneda, también ha respaldado la manifestación y ha culpado al Gobierno de España de aplicar “al pie de la letra” la llamada “nueva cultura del agua” diseñada en 2018.

Fresneda ha acusado al Ministerio de Transición Ecológica de crear “un entramado de actores en torno al agua con total falta de transparencia”, que ha generado “un conflicto gravísimo que pone en peligro la soberanía alimentaria”.

“Si no se puede producir porque no hay agua, nos enfrentamos a una crisis alimentaria. Y ningún joven va a querer incorporarse al campo en estas condiciones. Estamos destruyendo el modelo productivo del que depende nuestra región”, ha afirmado el dirigente agrario.

Los convocantes, a preguntas de los periodistas, han detallado que la dotación de agua para cultivo en Villarrubia se ha ido reduciendo progresivamente y han indicado que aunque antes se concedían más de 4.000 metros cúbicos por hectárea, y ahora «solo hay 1.275 m3, e incluso concesiones de solo 700 m3 en cultivos leñosos”, aunque han señalado que en otras regiones como Extremadura o Portugal, las concesiones son “cuatro o cinco veces mayores”.

También han criticado que las inspecciones se centran en explotaciones, perímetros de riego y contadores, y han señalado que algunas multas alcanzan los 50.000 euros, una cantidad que han calificado de «desproporcionada para pequeños agricultores”.