Los Estados miembros de la Unión Europea han llegado este miércoles 18 a un acuerdo sobre las nuevas prioridades de revisión de la política de Cohesión que prevé flexibilizar el uso de estos fondos europeos para fines como defensa, vivienda, gestión del agua y competitividad, entre otros.
El pacto, cerrado entre los embajadores de los Veintisiete ante la UE, servirá como posición de partida de los socios para negociar luego con el Parlamento Europeo los cambios en la política de Cohesión para el actual periodo presupuestario 2021-2027.
Las propuestas presentadas por el Ejecutivo comunitario el pasado 1 de abril planteaban «enmiendas específicas» a la regulación de los fondos regionales para «alinear las prioridades de inversión» al contexto geopolítico, económico y social, así como a los objetivos climáticos del bloque.
«El principal objetivo es alinear las inversiones de la política de cohesión con las nuevas prioridades, sobre todo a competitividad y descarbonización, defensa y seguridad, vivienda asequible, acceso al agua, gestión sostenible del agua, resiliencia en materia de agua, transición energética y retos en las regiones fronterizas del Este», ha indicado el Consejo en un comunicado.
Con este fin, se introduce «mayor flexibilidad e incentivos para facilitar el rápido despliegue de recursos y acelerar la implementación de los programas», añadieron.
El acuerdo entre los países prevé ampliar el alcance de los fondos regionales para permitirles financiar proyectos de infraestructura energética y de defensa o infraestructuras de uso dual.
Asimismo introduce ciertas medidas para paliar el impacto presupuestario que los cambios podrían tener, sobre todo en el ejercicio 2026, y para facilitar que los países usen los incentivos previstos, entre ellas, reducir las tasas necesarias de cofinanciación por parte de los Estados para los nuevos objetivos. Los Estados tienen ahora que negociar las enmiendas con la Eurocámara, que deberá dar también su visto bueno.