La portavoz nacional de SOS Rural, Natalia Corbalán, y el portavoz de Campiña Norte contra las Megaplantas Solares, Rafael Alcalá, se han reunido este jueves 22 con el consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, y con el secretario General de Energía, Manuel Larrasa, para abordar las expropiaciones por parte del Gobierno andaluz de miles de hectáreas de olivar y la tala de olivos centenarios, en Jaén y Córdoba, para la construcción de megaplantas fotovoltaicas.

Durante el encuentro, que ha tenido lugar en la sede de la Consejería de Industria, Energía y Minas, después de que ambas plataformas hayan entregado en el Parlamento de Andalucía más de 80.000 firmas recogidas en la campaña ‘¡Salvemos los olivos centenarios de Lopera de ser talados para poner placas solares!’, Corbalán ha exigido la paralización inmediata de cualquier proyecto en Andalucía que implique la tala de algún olivo centenario. “La sociedad española no entiende ni acepta que se tale un solo olivo centenario más amparándose en la ley o en nombre de la transición ecológica”, ha afirmado la portavoz de SOS Rural.

En palabras de la portavoz de SOS Rural, Natalia Corbalán: “la valoración de la reunión es agridulce, aunque ambas organizaciones han sido escuchadas, no se ha conseguido ningún compromiso por parte de la Consejería”.

En este sentido, ambas plataformas han transmitido al consejero las graves e irreversibles consecuencias ambientales, paisajísticas, sociales, económicas y para la soberanía alimentaria que traen consigo el millar de proyectos de grandes instalaciones de energía renovables previstos en Andalucía, que están transformando amplias zonas del territorio en espacios sacrificados al desarrollo energético.

En este punto, Alcalá ha mencionado las nefastas consecuencias de los 25 megaplantas fotovoltaicas previstas en el entorno del municipio de Lopera (Jaén), cuya economía depende en gran medida del cultivo del olivar. “La aprobación de varios proyectos de megaplantas solares en la zona de Lopera conlleva la eliminación de miles de olivos, muchos de ellos centenarios, que son mucho más que árboles: son historia, identidad, economía y futuro”, argumenta Alcalá.

 LEY ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA SUPERFICIE AGRARIA UTIL (SAU)

 En este contexto, Corbalán ha trasladado al consejero de Industria la necesidad de impulsar una Ley autonómica para la protección de la Superficie Agraria Útil (SAU), que garantice la protección jurídica de esos terrenos fértiles destinados al cultivo y a la producción de alimentos frente a todos los usos no agrarios y, en particular, frente a proyectos de infraestructuras energéticas.

“Necesitamos ya una ley, como la que ya tienen países como Italia o Francia, que regule de forma clara y eficaz el uso de los terrenos con altísimo poder productivo para la instalación de plantas fotovoltaicas, que garantice la protección del suelo agrícola, la biodiversidad, el paisaje, la actividad económica agraria y que evite decisiones especulativas con graves consecuencias para el medio rural”, resalta la portavoz de SOS Rural.

Asimismo, SOS Rural reclama el establecimiento de una zonificación vinculante que prohíba la instalación de parques solares convencionales en esos suelos agrícolas de alta productividad, que se prioricen los suelos degradados como alternativa sostenible para estas infraestructuras y que se permita solo la instalación agrovoltaica certificada en terrenos agrícolas, siempre que cumplan condiciones técnicas estrictas que aseguren su compatibilidad real y permanente con la producción agraria.

El 69,6% de las plantas fotovoltaicas y el 90,9% de las termosolares que se han instalado en Andalucía están sobre suelos agrícolas clasificados como S1 y S2, es decir, de alta capacidad productiva. Esta conversión del suelo en megaplantas fotovoltaicas afecta directamente a la soberanía alimentaria, al destruir tierras fértiles que tardan siglos en formarse y altera de forma irreversible ecosistemas agrícolas únicos. “Formar un solo centímetro de tierra de buena calidad puede tardar entre 100 y 1.000 años, dependiendo del clima y del tipo de suelo”, explica el portavoz de Campiña Norte.