El Consejo Agrario de Castilla y León ha formalizado el acuerdo por el que la Junta de Castilla y León y las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAS) den luz verde a una declaración conjunta en la que se recogen las principales reivindicaciones que el sector agrario de la Comunidad exige que sean tenidas en cuenta para el próximo período de la PAC 2028-2034 y basado en una política agraria fuerte y bien financiada que apueste por la agricultura profesional.
Este texto, que ha sido presentado por la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, momentos antes de la visita a la edición 2025 de Demoagro, es resultado “de la labor desarrollada por el grupo de trabajo establecido tras el último Consejo Regional Agrario”, tal y como ha explicado, y viene a constatar “nuestro compromiso de apostar por el diálogo y el consenso para impulsar medidas que ayuden a mejorar la competitividad del sector agrario de la Comunidad”.
Entre las principales reclamaciones que integran el documento cabe destacar el mantenimiento de la actual estructura en dos pilares (FEAGA y FEADER), ante la posibilidad de que exista un fondo único donde cada Estado decida su distribución, y un incremento de la dotación presupuestaria dentro del Mecanismo Financiero Plurianual (MFP).
Asimismo, la declaración se refiere a la “más que necesaria” puesta en marcha de estímulos económicos para promocionar el relevo generacional; la imprescindible participación de las comunidades autónomas en el diseño de la PAC post 27, “porque somos, junto a las entidades locales, las que ejecutamos el 50% de la inversión pública y el 30% del gasto”, tal y como ha apuntado González Corral, o la inclusión de un criterio de despoblación para el reparto de los fondos, “estableciendo medidas que impongan a los estados miembros una mayor territorialización de esas cantidades”.
PIDEN QUE LAS PRÁCTICAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE NO SUPONGAN UNA LIMITACIÓN DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA
También habla de abundar en la simplificación y reducción de trámites burocráticos o de la mejora en las infraestructuras de regulación de los recursos hídricos, “ligadas a una apuesta decidida por la modernización y transformación de regadíos”.
Otras de las propuestas que también se incluyen en la declaración atañen a que las prácticas de protección del medio ambiente no supongan una limitación de la capacidad productiva, “favoreciendo su aplicación mediante incentivos”; el establecimiento de mecanismos legales que aseguren precios justos para los agricultores y ganaderos, “además de otros que hagan lo propio con la aplicación del principio de reciprocidad para los productos importados y técnicas genómicas”; el compromiso de no retirar sustancias fitosanitarias si no se dispone de alternativas viables; o la implementación de programas que apoyen la transformación digital.
“En definitiva, medidas, intervenciones y actuaciones que consideramos necesarias para garantizar la sostenibilidad económica, social y medioambiental del sector agrícola y ganadero de Castilla y León, pero también la seguridad alimentaria y la dinamización de las zonas rurales”, ha resumido González Corral, quien también defiende que esta política de ayudas apueste por la agricultura profesional.