En las alegaciones, consultadas por Efe, la organización expone que ha denunciado en varias ocasiones que la Administración hidrológica no ha completado el mapa de zonas inundables y riesgos de Andalucía, y que tampoco ha llevado a cabo los deslindes que desde 1985 obliga la Ley y no siempre ha emitido informes vinculantes sobre los planes de urbanismo y ordenación del territorio.
Por todo ello y además de la idoneidad de que el documento recoja esos deslindes, solicitan además que se prohíban en todos los cauces de las zonas calificadas de inundables construcciones de cualquier tipo y que se adopte un Programa de Actuación Integral, donde estén todas las administraciones, en relación a la ocupación de las llanuras de inundación y del dominio público hidráulico de viviendas de primera o segunda residencia.
Consideran necesario que se tengan en cuenta el análisis y la valoración de las consecuencias del cambio climático en la cuenca y que los informes que emita la CHG sean vinculantes sobre los planes de urbanismo y ordenación del territorio.
La organización pone el énfasis en el daño que causan los cultivos intensivos de frutales en las cuencas de los ríos debido a su mínima capacidad de tamponar; el resultado de la mal llamada "limpieza de cauces" que lejos de combatir las inundaciones, las agravan o el "desgobierno" territorial respecto ante las construcciones en dominio público hidráulico y en zonas de alto riesgo de inundación.
Por último, considera que hay que tener en cuenta a la hora de abordar el tema de las zonas inundables el análisis y la valoración de las consecuencias del cambio climático en la cuenca.