El año 2024 arrancó con tractoradas convocadas por organizaciones agrarias y plataformas independientes que llevaron las quejas del campo con unas protestas masivas a la primera línea mediática, política y social, protestas que se han reproducido en los últimos días de este año en defensa de políticas más justas y contra los acuerdos de libre comercio.

Este lunes se concentró en Madrid más de un millar de productores para expresar sus quejas con muchas de las políticas que, a su juicio, les perjudican, como el recientemente suscrito acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y Mercosur.

Una cuestión, que sumada a la defensa de una PAC más flexible y con menos burocracia, impulsó a principios de año a los agricultores españoles y del resto de la UE a protagonizar unas manifestaciones y tractoradas como no se recordaban desde hace tiempo.

El movimiento comenzó en Alemania y rápidamente se contagió a otros países como Francia, donde las acciones son conocidas por su especial virulencia.

A ESPAÑA LLEGÓ EN FEBRERO… PARA QUEDARSE

A España tardó algo más en llegar, y a principios de febrero los movimientos independientes se coordinaron vía «whatsapp» y por redes sociales, en lo que se tradujo en el germen de la plataforma 6F.

Los cortes y tractoradas que organizaron afectaron tanto a vías principales como secundarias y a puntos logísticos de todo el país día tras día, y se saldaron con varias decenas de detenidos y miles de identificados.

Sus peticiones y quejas fueron calando -y escalando- en el debate social y político, hasta protagonizar la agenda de los medios de comunicación durante semanas.

Las organizaciones profesionales agrarias ASAJA, COAG y UPA decidieron algunos días después crear su propio calendario de tractoradas en «unidad de acción» por todo el país, en las que además defendieron su trabajo e interlocución de años en favor del sector en España y Bruselas y arrancando unas protestas masivas que perduraría todo el año.

EL CAMBIO DE PAPEL DE UNIÓN DE UNIONES

Una tercera vía fue la protagonizada por la organización agraria Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, que tuvo su propia agenda y organizó el 21 de febrero, en Madrid, de una manifestación a la que acudieron 500 tractores y varios miles de productores.

Cinco días después, Asaja, COAG y UPA escenificaron el descontento del campo en una manifestación que recorrió el corazón de la capital.

En ambas convocatorias las peticiones eran bastantes similares: flexibilización de la PAC, negociación de las cláusulas espejo en los intercambios comerciales, paralización de acuerdos como el de Mercosur y cambios en el funcionamiento de la Ley de la Cadena Agroalimentaria, entre otros.

LA RESPUESTA DE LAS ADMINISTRACIONES: EL ACUERDO DE LAS 43 MEDIDAS

El clamor del campo en la calle no tardó en llegar a los despachos, tanto en España como en las instituciones comunitarias.

El 15 de febrero (nueve días después de comenzar las protestas en España), el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, presentó un bloque de 18 medidas que fueron vistas por el sector como un avance, pero insuficiente.

Posteriormente, el 25 de marzo, Planas presentar un paquete ampliado de 43 medidas para dar respuestas a las reivindicaciones del campo, que fue rubricado por UPA y Unión de Uniones, pero rechazado por Asaja y COAG.

RUPTURA DE LA UNIDAD DE ACCIÓN

Esa decisión supuso, de facto, una ruptura de la llamada unidad de acción de Asaja, COAG y UPA, mientras la foto de Unión de Uniones firmando con el ministro significó para una parte del sector la escenificación de posibles cambios futuros en la representatividad agraria.

Tras esa firma, Planas aseguró que modificaría «el marco» que determina la representatividad de las organizaciones agrarias y su interlocución con el Gobierno.

A escala europea, Bruselas dio sus primeros pasos a finales de enero cuando la Comisión propuso derogar en 2024 la obligación de mantener tierra cultivable en barbecho.

Sin embargo, hubo que esperar hasta finales de marzo para que los países de la UE dieran luz verde a una reforma de la PAC que suavizaba las exigencias medioambientales, que fue aprobada definitivamente por la Comisión a mediados de mayo.

Un paquete legislativo que aún es insuficiente a ojos de una mayoría de productores para los que hay muchas cuestiones por resolver.

Unas protestas masivas fueron menguando con el avance de la primavera, pero que ahora se abren de nuevo ante un nuevo período incierto tras la finalización de las negociaciones del acuerdo de libre comercio UE-Mercosur, que ha suscitado recelos entre los agricultores y ganaderos.

(Texto: Juan Javier Ríos / Efeagro)

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