La directora general de Calidad y Seguridad Alimentaria aragonesa, María Aitziber Lanza, ha anunciado este lunes 21 medidas para apoyar al sector ganadero y agrícola, con especial énfasis en la reducción de la carga burocrática y compensaciones por las pérdidas por la EHE (enfermedad hemorrágica epizoótica).
Así lo ha puesto de manifiesto durante su intervención ante la Comisión de Agricultura de las Cortes, donde ha reconocido en cuanto a las ayudas para compensar los daños ocasionados por animales como los lobos o el oso que la normativa actual «no cumple con los objetivos previstos». Además, se ha comprometido a ajustarla para mejorar la protección a los ganaderos afectados.
Aunque ha advertido de que no es competencia directa de su dirección, ha asegurado que se está estudiando cómo mejorar las ayudas, no solo para medios físicos de contención, sino también para proporcionar personal de apoyo que permita a los ganaderos conciliar mejor su vida familiar.
AYUDAS POR VALOR DE 600.000 EUROS PARA COMPENSAR A LOS GANADEROS QUE HAYAN SUFRIDO PÉRDIDAS POR LA EHE SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO DEL MINISTERIO
Lanza ha adelantado asimismo la publicación inminente de una orden de ayudas por valor de 600.000 euros destinada a compensar a los ganaderos por las pérdidas por la EHE y que se limitarán a lo establecido en el real decreto del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). Incluirán la compensación por animales muertos, tratamientos veterinarios y repelentes.
En cuanto a las normativas sobre el transporte de animales, la directora ha mostrado su rechazo a la nueva norma del Ministerio de que establece un rango de temperaturas de entre 5ºC y 30ºC durante el transporte.
Una regulación que, ha advertido, obligaría a realizar cargas de madrugada en los meses de verano, complicando la vida de ganaderos, transportistas y veterinarios, por lo que se ha comprometido a flexibilizar las normativas dentro del marco legal.
En el ámbito de la burocracia del sector, la directora general ha reconocido que las normativas impuestas por la Unión Europea y los reglamentos nacionales y autonómicos han incrementado la carga administrativa, lo que dificulta el día a día de los agricultores y ganaderos.
En este sentido ha dicho que trabajará para «flexibilizar la norma siempre que sea posible» y no dictará normas más restrictivas que las impuestas por la legislación superior, salvo cuando sea necesario para proteger los intereses del sector aragonés.
Así, ha avanzado la intención del departamento de modificar los decretos de formación, que actualmente solo permiten cursos presenciales, con el objetivo de facilitar el acceso a la formación online para ganaderos y agricultores.
«LAS VACUNAS DE LA LENGUA AZUL NO SE PUEDEN COMPRAR CUANDO UNO QUIERA, SINO QUE SE DEBEN CUMPLIR CIERTAS CONDICIONES PARA QUE SE AUTORICE LA COMPRA»
Al margen de las pérdidas por la EHE, Lanza también se ha defendido de las acusaciones de improvisación frente a la vacunación contra la lengua azul, recordando que se trata de una vacuna intervenida por el Estado.
«No se puede comprar cuando uno quiera, sino que se deben cumplir ciertas condiciones para que se autorice la compra», ha explicado.
Ha recordado que Aragón fue declarado «territorio libre» de lengua azul por el Ministerio de Agricultura en 2024, lo que permitió a los ganaderos adquirir la vacuna bajo prescripción veterinaria.
También ha apuntado que se advirtió al sector sobre la posible propagación de la enfermedad desde comunidades cercanas y se realizó una encuesta para conocer la disposición de los ganaderos a vacunar, con resultados limitados: «Solo 17 explotaciones de vacuno y 2.700 ovejas se apuntaron a la vacunación voluntaria», ha detallado.
Actualmente, la enfermedad está presente en cinco oficinas comarcales agroambientales (OCA) con 26 focos de ovino y uno de vacuno.