Según denuncia la Unión de agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha, la serie de decisiones erróneas en la gestión del incendio en La Estrella ha despertado sospechas de que pudo haber un interés en mantenerlo activo, posiblemente para justificar la labor y el presupuesto destinado a prevención de incendios. Por eso, la organización agraria ha solicitado al presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page Sánchez, la creación de una comisión de investigación para analizar la gestión del incendio que devastó más de 2.500 hectáreas en la comarca de la Jara.
Además, la organización exige «una compensación económica urgente para los ganaderos afectados por la pérdida de pastos y recursos, que literalmente se han quedado sin alimentación. A día de hoy la Consejería de Agricultura no ha valorado los daños que han sufrido los ganaderos por la pérdida de la alimentación ni ha indicado si va a ayudar a los mismos».
El fuego, que comenzó el 6 de agosto de 2024 debido al incendio de un coche, «ha puesto en evidencia graves deficiencias en la gestión de los incendios por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha. A pesar de las afirmaciones de la Consejería de Desarrollo Sostenible sobre una intervención rápida y efectiva, hay una serie de decisiones o errores críticos que contribuyeron a la expansión descontrolada del incendio», lamenta la organización agraria.
UNA CADENA DE DECISIONES O ERRORES CRÍTICOS COMETIDOS POR EL GOBIERNO REGIONAL
Para Unión de Uniones de Castilla-La Mancha, algunas de las decisiones o errores críticos cometidos por el Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de INFOCAM, en la gestión del incendio han sido:
Prohibición de intervención inicial: Los agricultores, quienes históricamente actúan rápidamente para controlar incendios mediante la creación de cortafuegos, fueron impedidos de intervenir en las primeras fases del incendio. También se amenazó a las personas presentes al inicio del fuego con sanciones si intentaban usar retamas de jara, que está protegida, para sofocar el fuego, lo que impidió una respuesta rápida y eficaz en las primeras horas críticas del incendio.
Priorización errónea: Los primeros bomberos que llegaron al lugar se centraron en apagar un vehículo accidentado, ya en gran parte destruido, en lugar de abordar el fuego en el monte, que estaba en sus fases iniciales.
Retraso en la llegada de medios aéreos: Aunque se informó que los medios aéreos llegaron al lugar a las 12:18 horas, esto fue más de una hora después de la llegada de los bomberos de Belvís de la Jara y dos horas después del aviso inicial. Según los estándares de emergencia, los medios aéreos debieron haber llegado entre 30 y 35 minutos después de la detección, no a las casi dos horas de
haber dado el aviso del incendio. Este retraso en la intervención aérea permitió que el incendio se propagara significativamente.
Incoherencias en los tiempos de intervención: El Gobierno de Castilla-La Mancha afirmó que la detección del incendio se produjo a las 11:39 y que los medios terrestres llegaron a las 11:45 horas, apenas 6 minutos después. Sin embargo, dada la distancia entre Talavera de la Reina, Sevilleja de la Jara y La Estrella, este plazo es prácticamente imposible. Para cumplir con dicho tiempo, el camión de bomberos tendría que haber viajado a velocidades inverosímiles de más de 300 km/hora, sugiriendo una discrepancia considerable en la información proporcionada de la hora de detección del incendio que fue antes de las 10:42 y no a las 11:39 como afirman.
Uno de los aspectos más críticos en la gestión del Gobierno de Page es la prohibición impuesta a los agricultores para intervenir en las primeras etapas del incendio. Tradicionalmente, los agricultores utilizan tractores para crear cortafuegos y evitar la expansión del fuego. En el caso del incendio de La Estrella, esta intervención se prohibió y se les amenazó con sanciones si intentaban intervenir con retamas de jara. Este obstáculo, sumado al retraso en la llegada de los medios de extinción aéreos, permitió que el incendio se propagara y consumiera 2.500 hectáreas.
Además, resulta especialmente inquietante que los primeros bomberos priorizaran apagar el vehículo accidentado en lugar del incendio en el monte, lo que sugiere una posible desviación de los recursos en momentos críticos.
La tardanza en la llegada de medios aéreos y terrestres ha generado la impresión de que podría haber existido un interés por parte del Gobierno de Page en mantener el incendio activo para tener un gran incendio que justifique la existencia y el gasto asociado a GEACAM SA, la empresa pública encargada de la prevención de incendios. Hay que recordar que dicha empresa es utilizada por el PSOE para dar trabajado a los cargos no electos de su partido.
Por estos motivos, Unión de Uniones exige la apertura de una comisión de investigación para examinar la gestión del incendio con el objetivo de que no se vuelvan a tomar dichas decisiones erróneas. Así mismo, solicita una ayuda urgente para los ganaderos afectados que han perdido la alimentación para el ganado.