La directora de la Fundación Ingenio, Natalia Corbalán, ha comparecido en la Asamblea de la Región de Murcia para trasladar la posición de la organización que agrupa a agricultores, cooperativas y empresas vinculadas al sector del Campo de Cartagena sobre las mejoras que han de incluirse en la ley del Mar Menor, y que están siendo objeto de debate y exposición en la Cámara junto a los dictámenes científicos.

Una posición, como la propia Corbalán explicó con detalle, aportando vídeos y textos «cuya literalidad no admite interpretación ni manipulación alguna, que es coincidente con la opinión de los principales técnicos, científicos y organismos públicos: Ángel Pérez Ruzafa, José Luis García Aróstegui, Emilio María Dolores o la Confederación Hidrográfica del Segura, así como las investigaciones penales que está llevando a cabo la Fiscalía de Medio Ambiente y la Ucoma de la Guardia Civil», según señaló.

En esta línea expositiva coincidente con los dictámenes científicos de los expertos más reputados, Natalia Corbalán aseguró que la actual ley del Mar Menor ha fracasado: no recupera la laguna y además está acabando con la principal fuente de riqueza de la región, la agricultura.

El problema, según la directora de FI, es que “la actual ley del Mar Menor nace ya como una medicina equivocada, destinada a ser el remedio para un enfermo al que se le aplica un diagnóstico erróneo, ya que es una ley que en ningún momento reconoce lo que cientos de evidencias científicas y técnicas han demostrado hasta la fecha, y que FI contribuye a que se conozca el origen multifactorial, en el que la agricultura es tan sólo uno de los factores, pero nunca ha sido el principal; y lejos de elaborar un texto fruto de la seriedad y la altura de miras que requería un problema de esta magnitud, las conveniencias políticas del momento centraron el 70 por ciento de su articulado en medidas puramente agronómicas, carentes de evidencia alguna sobre su efectividad para la recuperación del Mar Menor, pero que, sin embargo, eran de sobra conocedores de las nefastas consecuencias que tendrían sobre la riqueza más grande de la Región de Murcia, su agricultura”.

Corbalán aportó datos sobre la incidencia de la ley para los agricultores del Campo de Cartagena. “Desde 2017, el coste asumido por las cerca de 4.000 explotaciones agrícolas ha sido de unos 3.000 millones de euros. La expropiación de hasta el 20 por ciento del suelo o las múltiples restricciones en parcela encarecen los costes de producción y provocan una pérdida de competitividad al agricultor. Y ahora nos encontramos con un doble drama: Mar Menor sin recuperar y agricultura herida de muerte. No será que no lo advertimos”, afirmó.

GRUPOS «ECONEGACIONISTAS HIPERFINANCIADOS»

Corbalán preguntó a los diputados: “¿Qué hay del sistema de depuradoras, de la gestión de los residuos y vertidos urbanos, de las obsoletas estaciones de bombeo, de los estériles y tóxicos procedentes de la Sierra Minera, de las playas artificiales en una laguna costera que por definición debería carecer de ellas, de los diez puertos deportivos que alteran su ecosistema con dragados altamente dañinos, de las embarcaciones a motor, de la presión urbanística que cada verano cuadriplica la población ribereña?”. Una serie de preguntas que convergen con los problemas expuestos en la misma Asamblea por expertos y científicos. La directora de FI expresó la sorpresa de los agricultores porque “sigue negándose el papel contaminante de las aguas residuales de origen urbano por parte de responsables políticos, Administraciones públicas y grupos econegacionistas hiperfinanciados”.

Corbalán celebró que Podemos haya hecho propuestas de reforma de la ley del Mar Menor coincidentes con las de Fundación, ya que pide que no se instalen macroplantas fotovoltaicas en las zonas de exclusión en torno a la laguna y reclama “un programa de control y mejora de las redes de aguas pluviales, de saneamiento y EDARs”, puntos que son el eje de las reivindicaciones de la Fundación.

En este sentido, Corbalán recordó que la ley “incorpora un uso monopolístico de las tierras para destinarlas a fotovoltaicas. El plan es redondo: aburrir a los agricultores con normativa asfixiante y enterrarlos en papeles, en el mejor de los casos. Porque en el peor vemos como les expropian el uso de las tierras hasta que al agricultor no le queda otra salida que ceder sus tierras a grandes fondos de inversión extranjeros. Castigamos social y mediáticamente a la agricultura de regadío, que nos da de comer, pero ponemos la alfombra roja a fondos extranjeros de energías renovables para que se hagan los amos de las tierras de cultivo”, declaró.

Por todo ello, FI propone a los políticos una serie de soluciones “que aborden la multifactorialidad. En primer lugar, para FI es imprescindible que la nueva ley contemple en su regulación “el principal factor responsable: las aguas residuales de origen urbano. Por desgracia, mientras esta ley no reconozca y regule el principal problema seguirá siendo un instrumento inservible para la finalidad a la que está destinada: recuperar el Mar Menor”. Para la Fundación, “la mala red de saneamiento, la falta de infraestructuras, como tanques de tormenta con capacidad suficiente para los meses de verano, o unas estaciones de depuración de las aguas residuales que sean capaces de asumir toda la carga que llega en los meses de verano deberían ser la prioridad número uno de esta ley, así como la renovación integral de las estaciones de bombeo. Porque no es que las depuradoras funcionen mal, es que no tienen capacidad”, afirmó.