La Guardia Civil ha investigado a cuatro personas físicas y dos jurídicas por la comercialización y uso de productos fitosanitarios ilegales y prohibidos en España en varias explotaciones agrícolas en los alrededores del Parque Nacional de Doñana, en la provincia de Huelva.
Los agentes del destacamento del Seprona en Doñana identificaron a un vehículo en el espacio protegido que transportaba 24 garrafas de un fitosanitario–plaguicida, tóxico y peligroso para el medio ambiente prohibido en España y etiquetado en portugués, ha informado la Guardia Civil en un comunicado.
Por parte del Seprona de Huelva se inició una investigación que, en unión con Inspectores de Sanidad Vegetal de Sevilla, inspeccionaron naves de la zona agrícola de donde procedía el vehículo y hallaron 12 toneladas de productos fitosanitarios no autorizados, estimando aproximadamente un beneficio ilícito de 7.000.000 de euros.
Se tomaron muestras en dicha plantación y fueron remitidas a un laboratorio oficial, confirmándose la presencia de un uso de productos fitosanitarios ilegales, entre ellas el ‘clorpirifos’, un insecticida prohibido en la Unión Europea desde el año 2020.
SE TRATA DE PRODUCTOS TRAÍDOS DE PORTUGAL SIN ETIQUETADOS EN CASTELLANO PROHIBIDOS DESDE HACE AÑOS
Al ser de origen portugués, los agentes solicitaron la colaboración de la Guardia Nacional Republicana (GNR), contando con la coordinación de EUROPOL, para conocer la trazabilidad real de este producto y detener el tráfico ilegal de estas sustancias peligrosas.
Además, al no encontrarse etiquetados en castellano, los productos suponían un riesgo para la salud de los agricultores, al no reflejarse claramente los métodos de uso y de protección obligatorios y un riesgo para el consumidor por tratarse de productos con fitosanitarios no autorizados.
También han sido analizados los riesgos para el medio ambiente y los ecosistemas debido a la aplicación de este tipo de fitosanitarios ilegales, teniendo en cuenta la especial protección del Parque Nacional de Doñana.
Las primeras diligencias instruidas han sido entregadas a las autoridades judiciales, si bien la investigación continúa para confirmar la implicación de más autores en los hechos descritos.
Las personas investigadas lo son por delitos contra la salud pública, falsedad documental y contra los recursos naturales y el medio ambiente.
Esta operación está englobada dentro del EMPACT (Plataforma Multidisciplinar Europea contra las Amenazas Delictivas) de la Comisión Europea; acción operativa liderada con el Seprona en colaboración con EUROPOL.